El Ayuntamiento multa cada día a una media de cuatro 'gorrillas'

Casi cuatro multas al día a los gorrillas. Ésta es la media de sanciones que ha impuesto la Policía Local para luchar contra el fenómenos de los aparcacoches ilegales en lo que va de año. Entre enero y agosto de este año, han sido sancionadas 912 personas por ejercer de gorrilla en Sevilla, según los datos facilitados ayer por el Ayuntamiento y que ponen de manifiesto que cada día son sancionados más de tres aparcacoches.

De este casi un millar de sanciones, casi la mitad, en concreto el 49,12%, se concentran en los barrios más afectados por el problema, como son Bami, La Palmera-Reina Mercedes, Nervión y el Hospital Virgen Macarena. En estos cuatro puntos de la ciudad se han contabilizado 448 sanciones, de las cuales el mayor número se contabilizó en el barrio de Bami, con 131 aparcacoches denunciados hasta agosto, mientras que en la zona de La Palmera-Reina Mercedes hubo 110 sanciones, 104 en Nervión, y 103 en el entorno del Hospital Virgen Macarena.

El Ayuntamiento ofreció además otros datos para avalar que se ha intensificado la lucha contra este fenómeno en los últimos meses, después de que a principios de año se frenara la campaña por la huelga de bolis caídos de la Policía Local ante los retrasos en los pagos pendientes y la dificultad de hacer efectivo el cobro de las denuncias a los aparcacoches. Según los datos facilitados por el Consistorio, desde junio de 2011 hasta ahora han sido sancionados más de 1.400 gorrillas. Además, desde mediados de junio de este año, cuando la lucha contra este problema se intensificó a raíz de las críticas vecinales -que llevaron por ejemplo a la directiva de la asociación de vecinos de Bami a dimitir en bloque ante lo que consideraban una "inacción" del Ayuntamiento en la lucha contra los aparcacoches-, la Policía Local ha impuesto 328 sanciones, dentro del plan especial de actuación contra esta práctica.

Este plan contempla un plan específico de actuación con el objetivo de adaptar las medidas que deben adoptarse en función de la situación concreta en la que se encuentre cada una de las zonas afectadas, que están registradas en una nueva base de datos creada con esta finalidad. Esta base de datos está a disposición de todos los distritos y unidades policiales, y recoge las zonas, días de actividad, número de personas que ejercen esta práctica, los horarios más frecuentes y las características de la zona. El archivo incluye asimismo todas aquellas observaciones que los agentes de la Policía Local consideren de interés.

El Ayuntamiento explicó que, gracias a esta información, los agentes que conocen las zonas y los problemas concretos que generan los aparcacoches en cada zona pueden proponer las posibles soluciones. Se trata de tomar medidas "con el fin de continuar en la lucha de la erradicación de los gorrillas", según apuntó este domingo el Consistorio en un comunicado.

Una vez que esta nueva herramienta cuenta con toda la información aportada por los policías, que se irá actualizando a tiempo real, se irán introduciendo en la base de datos todas las actuaciones que se van ejecutando, con la finalidad de analizar la evolución del problema.

El balance de actuaciones contra los gorrillas no incluye, por el contrario, el número de sanciones que han sido abonadas de las más de 900 impuestas. Según fuentes municipales consultadas por este periódico, estos datos no habían sido facilitados aún por la Delegación de Hacienda, encargada de la tramitación de las sanciones a los aparcacoches, pero se facilitarán en cuanto estén disponibles. Éste es quizás el mayor problema que existe en la lucha contra el fenómeno de los aparcacoches, dadas las dificultades a la hora de denunciar las sanciones a las personas que ejercen esta actividad y que, en la mayoría de los casos, no disponen de un domicilio fijo en el que practicar la notificación de la sanción.

El alcalde, Juan Ignacio Zoido, anunció hace exactamente un año, durante una visita al barrio de Bami, que los policías locales podrían decomisar el dinero de los gorrillas y que les obligaría a realizar trabajos en beneficio de la comunidad en el caso de que los aparcacoches se declararan insolventes para no hacer frente al pago de las sanciones. El hecho de que la inmensa mayoría de los gorrillas se declare precisamente insolvente hace que, más pronto que tarde, vuelvan a ejercer la actividad a pesar de las denuncias. La incautación del dinero recaudado por los gorrillas y la posibilidad de que realicen trabajos comunitarios son dos aspectos contemplados, según dijo entonces el alcalde, en la conocida como ordenanza antivandálica, que castiga con una multa de 120 euros la práctica de exigir dinero a cambio de indicar un lugar de aparcamiento.

Hasta abril pasado, el Ayuntamiento había notificado 910 de las 1.076 sanciones que habían sido impuestas desde junio de 2011. Este millar de sanciones suponía un incremento del 150% con respecto a 2010. En 2009, cuando la ordenanza antivandálica entró en vigor, se impusieron 978 multas, mientras que en 2010 la cifra de sanciones se redujo a 429. La nueva campaña de Zoido ha intensificado el número de sanciones para un problema que no acaba de resolverse.