La caída del juez rebelde

Llevaba casi dos décadas reivindicando que los jueces de Familia deben siempre anteponer el interés del menor al de sus padres y ha sido procesado por una presunta prevaricación al ampliar el régimen de visitas para que un niño de 11 años pudiera salir como paje en una cofradía de la Madrugada sevillana de 2010. Esta semana, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó la suspensión cautelar del juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano Castro, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya abierto juicio oral, en un proceso en el que la Fiscalía le ha solicitado una condena de diez años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros.

La labor profesional del juez Serrano adquirió una gran notoriedad desde que, a mediados de la década de los 90, se negó a ejecutar una orden de la Audiencia de Sevilla que le obligaba a devolver a la conocida como niña de Benamaurel con sus primeros padres adoptivos. Ese enfrentamiento jurídico, en el que el magistrado se oponía a ejecutar el mandato del órgano superior amparándose en el interés supremo del menor, tuvo su continuación con otros casos de desamparo de menores que la Audiencia de Sevilla rechazó y ordenó la devolución de los niños con su padres biológicos. Uno de estos casos fue el de una madre que en 1996 pidió a la Junta de Andalucía que asumiera temporalmente la custodia de una hija porque su pareja la maltrataba. La madre rompió con su compañero sentimental, buscó trabajo en otra provincia y reclamó la custodia de la niña, pero el juez Serrano desestimó su petición y acordó el acogimiento familiar.

La Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla, a la que correspondió revisar la decisión del magistrado, dictó en marzo de 2001 un auto en el que dejó sin efecto el acogimiento y ordenó el regreso de la niña con su madre, pero el juez Serrano no cumplió esta resolución alegando la imposibilidad de ejecutar el fallo, por cuanto el regreso de la menor le acarrearía un "gravísimo e irreversible perjuicio y trastorno psicológico". Unos meses más tarde de que se dictara esta resolución, la Audiencia volvió a reiterar a Serrano que estaba obligado a cumplir las resoluciones dictadas por los órganos superiores y le conminaba a que decretase el inmediato internamiento de la niña en un centro de acogida y el establecimiento de un régimen de visitas.

Los magistrados de la Audiencia acusaron entonces al juez Serrano de incumplir de forma "consciente y deliberada" sus órdenes, en una actitud que llegaron incluso a tildar de "rebelde".

El tribunal acordó además deducir testimonio contra el juez Serrano por si había podido incurrir en algún tipo de responsabilidad penal por no haber ejecutado las resoluciones y el propio juez Serrano pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces que ahora le ha suspendido cautelarmente, al estimar que la Audiencia de Sevilla podría haberse entrometido en su potestad jurisdiccional, además de actuar con cierta "desconsideración". El Poder Judicial archivó ambas denuncias y, al final, el Tribunal Constitucional anuló el regreso de la niña con su madre biológica, con lo que avalaba la decisión de Serrano

Otro de los casos más polémicos sobre los que resolvió el magistrado fue el de los menores Iván y Sara, donde se reprodujo el enfrentamiento del juez con la Audiencia de Sevilla. El tribunal decidió que los niños debían volver con su madre, Carmen Fernández, una vez que ésta se recuperó de su alcoholismo, pero el juez de Familia se negó esgrimiendo como argumento que así lo aconsejaba el interés del menor.

Después de un complicado proceso judicial, la Audiencia de Sevilla aceptó finalmente que los niños no podían volver con su progenitora, pero ordenó al juez que iniciara un proceso para indemnizarla porque era imposible que recuperara a su hijos a pesar de que tenía derecho a ello. El juez acordó una indemnización de 72.000 euros, que la Audiencia rectificó y elevó hasta 1,7 millones de euros -la mayor indemnización concedida hasta la fecha por una retirada de menores- por el "tortuoso calvario" que había tenido que pasar esta mujer, que logró ganar hasta 11 sentencias en los 11 años en los que se prolongó su batalla judicial para recuperar a sus hijos. Cuando finalmente el Tribunal Constitucional ratificó la millonaria indemnización, Carmen Fernández ya había fallecido víctima del cáncer, aunque en los últimos meses de su vida pudo ver como su sueño se cumplía en parte, puesto que Sara decidió volver a vivir con ella.

Con estos casos, Serrano fue adquiriendo el rol de un juez mediático, con sus virtudes y con sus defectos. A finales de 2009, tan sólo unos meses antes de dictar la resolución que le sentará en el banquillo, mantuvo un enfrentamiento con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, Inmaculada Montalbán, después de que el magistrado alertara, ante el aumento de las denuncias falsas de malos tratos, que la ley de Violencia sobre la Mujer podría pervertirse y acabar siendo usada como un arma de maltrato al varón. En abril pasado, el juez reiteró que en España había miles de mujeres que "abusaban" del sistema creado con la ley de Violencia de género. Una semana después de realizar estas declaraciones, el TSJA dictó el auto de procesamiento contra Serrano por presunta prevaricación en el caso del niño que quería salir en una cofradía.