La Junta considera ilegal el recorte de prestaciones sanitarias básicas

Al parecer, la Junta lo tiene claro: aplicar una tasa por receta está feo y pedirle a la gente que se haga un seguro de salud por lo privado es pasarse tres pueblos. Pero es que, además, esas dos medidas que suenan en Cataluña para arreglar sus cuentas sanitarias serían ilegales. Al Gobierno de Griñán le preocupa ese asunto porque esas decisiones pueden acabar afectando al núcleo de la política sanitaria española y andaluza en tanto que ambas se apoyan de manera (hasta ahora) irrenunciable en la negativa a imponer barreras directas de acceso a la atención médica y en la unidad de aseguramiento que cimienta el Sistema Nacional de Salud (SNS) como modelo. De hecho, ayer, la consejera de Salud, María Jesús Montero, que presentó un informe de gestión de la legislatura tras la reunión del Consejo de Gobierno, avisó de que "propondremos acciones legales ante la vulneración del marco normativo".

En el río revuelto de la crisis económica y de la necesidad de adoptar serias medidas de austeridad para reducir el déficit público se empieza a instalar la idea de que la sanidad pública es insostenible; sólo podrían salvarse los muebles metiendo la tijera. Tanto el PSOE como el PP dicen que la asistencia sanitaria universal y de acceso gratuito no va a ser sacrificada. Pero, después del vuelco electoral, empiezan a construirse mensajes y a plantearse movimientos de tanteo que parecen decir lo contrario: denuncias surgidas sobre trabas burocráticas para el reconocimiento de los derechos sanitarios a parados de larga duración en Galicia y a colectivos de inmigrantes en Murcia, extensión del copago a la actividad asistencial y planteamiento de nuevas vías de aseguramiento en Cataluña, donde manda CiU.

La oposición a estas propuestas, interpretadas en clave de beligerancia por parte del PSOE de manera intensificada tras los resultados del 20-N es, sin duda, un campo de batalla donde el discurso socialdemócrata busca plantar cara a lo que entiende como un prólogo autonómico a lo que pueda hacer Mariano Rajoy cuando llegue a La Moncloa. Pero, desde una cierta perspectiva que entiende el SNS como una conquista social, patrimonio común de todo un país, el asunto no sólo afecta ya al debate de la coyuntura política. Va más allá. Por eso, en esencia, la valoración que la Junta hace sobre el carácter "ilegal" de estas medidas puede tener recorrido: la Ley General de Sanidad de 1986, la Ley de Cohesión de 2003 y la Ley de Salud Pública de 2011, con sus respectivos desarrollos, blindan una cartera básica de servicios y el acceso universal a ella. Proponer, como hizo ayer el consejero catalán de Sanidad, Boi Ruiz (desautorizado horas después por la propia Generalitat) que las personas con rentas altas se hagan por su cuenta un seguro de salud, se parece a liquidar el concepto de SNS y reorientar el paraguas asistencial público español desde un modelo de corte británico que se financia a través de los presupuestos estatales, vía impuestos, hacia otro, de corte alemán, basado en el aseguramiento a través de mutuas y en el reintegro de gastos. Básicamente, si esa reorientación se estuviese favoreciendo bajo cuerda, se estaría hurtando a la sociedad española un debate de hondo calado, que afecta directamente a la manera de vivir de las personas.

La consejera andaluza de Salud explicó ayer que la Junta no posee competencias aquí para impugnar las decisiones de otros gobiernos regionales. Aunque, para, al menos, hacer ruido, todo es cuestión de cuánta imaginación quieran echarle al asunto los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico. Lo que sí va a hacer la Junta si este panorama de bombas de humo con o sin truco persiste es exigir al Gobierno de Rajoy que ponga en marcha la Alta Inspección del Estado y mande parar. Porque no es un asunto de discrepancias políticas, sino de ilegalidad, de quiebra de las reglas de juego. Para Montero, se puede evitar el "desmantelamiento" de lo público apretando las tuercas en la gestión. Sin embargo, lo que parece subyacer bajo el incendio social en Cataluña por los recortes no es exactamente un problema de viabilidad; y es posible que aporte luz al respecto pararse a pensar por qué lo llaman copago cuando quizá quieran decir pacto fiscal.