"Los referéndums son instrumentos de poca calidad democrática"

Alguien advierte al plumilla de que Antonio Porras es uno de esos andaluces "hondos". Cierto. Este catedrático de Derecho Constitucional, nacido en el Protectorado de Marruecos en 1952, exhibe durante toda la entrevista ese saber estar de los meridionales serios, una mezcla de amabilidad y severidad que adorna con una voz profunda y un seseo que suena a patriciado académico. Todo lo dicho no entra en contradicción ­más bien lo contrario­ con una de sus grandes pasiones, el flamenco. Hijo de un flamencólogo que da nombre a una peña de Montemayor (Córdoba), Antonio Porras estudió guitarra y fue uno de los fundadores de la peña Torres Macarena. "Un día estábamos allí, se abrió la puerta y apareció Antonio Mairena ", cuenta el profesor como quien narra una aparición mariana. Eso sí, le gusta el flamenco jondo y aguanta numantino con sus grabaciones clásicas ante tanta avalancha de moderneces. Como investigador del Derecho Constitucional, destacan sus libros `Introducción a una teoría del estado postsocial' (PPU, 1988) `Representación y democracia avanzada' (CEC, 1994) y `Diagnosis y programación política en el Estado Autonómico' (IAAP, 1996). Sólo basta charlar un rato con él para comprobar que no le gusta la deriva que ha tomado un Estado de las Autonomías secuestrado por la lucha bipartidista y la avidez de competencias de algunos.

–La expresión “reforma constitucional” está de moda. ¿Es tan necesaria?

–A veces pensamos que todos los problemas tienen solución retocando por arriba alguna cosa del edificio constitucional, lo cual es utópico y simple. Las constituciones se reforman de vez en cuando, pero se hacen pequeños cambios, nunca se busca crear una estructura perfecta que sea la panacea. Además, lo que hay en estos momentos es gente buscando situaciones de privilegio en el marco de nuestra Carta Magna, y eso es contrario a la propia lógica constitucional. Se supone que nuestra Constitución debe establecer pautas iguales para todos. Si fuésemos ingleses en vez de españoles no nos plantearíamos cómo modificar la Constitución para resolver los problemas, sino cómo resolver los problemas directamente.

–Me imagino que se refiere al nacionalismo catalán cuando habla de esas personas que buscan privilegios. ¿Cómo justificamos que el País Vasco y Navarra tengan una serie de privilegios fiscales que le negamos a Cataluña?

–Yo es que no le encuentro justificación alguna a los privilegios forales a los que usted se refiere. Aquello fue fruto de una coyuntura en la que no se actuó acertadamente. El mejor constitucionalista de la época, Manuel García Pelayo, protestó enérgicamente frente a la idea de introducir elementos medievales en una constitución democrática del siglo XX... Claro, estaba en plena eclosión el terrorismo y se suponía que si se le daba dinero a los vascos las bombas dejarían de sonar. Al final, se les dio dinero y las bombas siguieron sonando. Este pacto debería haber sido político y no incluirlo en la Constitución, para así haberlo modificado cuando hubiese sido necesario. Hoy en día, cuando el horizonte de España es Europa, ponerse a hablar de privilegios provinciales y medievales es como irse dos o tres siglos para atrás, algo que no deberíamos permitirnos.

–¿Y es realista una reforma que eliminase estos fueros?

–Por supuesto. Para mí sería lo primero que habría que reformar para hacer una Constitución europea, del siglo XXI, abierta al exterior. Eso es lo que requiere la España del futuro. Creo que nuestra juventud apuesta más por esta dimensión cosmopolita que por visiones provincianas, etnocentradas, autoidentificativas y narcisistas.

–¿Y Andalucía, qué papel debería jugar en todo esto? ¿Tendrá que volver a liderar la reivindicación de la igualdad entre los territorios?

–Si Andalucía tiene que jugar algún papel es, precisamente, el que jugó en la Transición. La defensa de la igualdad es un valor permanente, sagrado, querido por todos, no una coyuntura o una circunstancia. Ahora, si Andalucía está en estos momentos en condiciones o no de cumplir ese papel dependerá de la coyuntura. El principio de igualdad es el verdadero origen de las constituciones.

–Desde la izquierda se repite continuamente el mantra “federalismo”. ¿Qué quieren decir exactamente?

–Usted lo ha dicho, eso es más bien un mantra. Hace unas décadas el mantra era el sistema autonómico, el cual iba a funcionar bien y nos iba a hacer muy felices. El federalismo parte de la igualdad y supone la existencia de un poder federal predominante, con unos mecanismos de lealtad que en la práctica autonómica están fallando garrafalmente. Por desgracia, a nuestro sistema autonómico le ha faltado un mecanismo de autoevaluación. Cada diez años deberíamos revisar cómo han funcionado ciertas competencias y si sería conveniente o no que estas volviesen al Estado. Por ejemplo, los informes Pisa siempre evalúan negativamente a nuestro sistema educativo ¿Alguien ha pensado si deberían devolverse las competencias al Estado central para ver si así mejora la cosa? El proceso autonómico se ha convertido en un “querer más”: queremos más competencias, queremos más ámbitos de decisión... Queremos la luna y las estrellas, pero no hay mecanismos de reflexión que nos permitan saber cuál es el grado de éxito de lo que estamos consiguiendo.

–Ha hablado de educación, ¿alguna competencia más que crea que no está funcionando adecuadamente?

–No acabo de ver que las competencias de Justicia sean claramente territoriales, más bien las estimo de Estado. Hemos sido muy tolerantes con ciertas iniciativas de proyección internacional porque la considerábamos de acción cultural, pero éstas se podrían haber canalizado perfectamente a través de los servicios diplomáticos del Estado. Si evaluásemos todas las competencias, probablemente, descubriríamos que hay algunas en las que se debería acentuar la dimensión autonómica y otras en las que habría que apostar más por el Estado central. No está demostrado que las autonomías gestionen mejor. Insisto, no tenemos instrumentos de evaluación.

–El problema, usted ya lo ha comentado, es la falta de lealtad de algunas comunidades.

–Sí, pero no sólo de las nacionalistas. Las comunidades autónomas, en general, se han usado como instrumentos en la lucha bipartidista. Los territorios que ahora están bajo poder socialista intentan bloquear las iniciativas del gobierno popular y viceversa. Es una lástima que no hayamos conseguido ensayar en nuestro país un sistema de coalición a la alemana entre el PP y el PSOE. En Alemania funcionan este tipo de coaliciones y tienden a incrementar el grado de lealtad de las fuerzas políticas hacia el sistema.

–El pasado domingo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que el País Vasco quiere “un nuevo pacto” con España. Este es el cuento de nunca acabar. ¿Qué más se le puede dar a los vascos?

–La luna, las estrellas... A estas alturas estamos hablando de flecos. Todo lo que había que repartir territorialmente está repartido. Si vamos a un sistema nuevo, las comunidades autónomas deben tener muy claro que pueden mejorar competencias, pero también pueden perderlas.

–¿Es usted partidario de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña?

–Los referéndums son instrumentos de poca calidad democrática.

–¿Por qué?

–Porque el voto de los ciudadanos suele ser plural y la bipolarización en torno a opciones cerradas suele tener dinámicas perversas. La experiencia en España del referéndum de la OTAN dejó un resultado claramente agridulce. Empeñarse en utilizar los instrumentos de la democracia directa como vías de salvación nacional o de ruptura es desquiciar su valor instrumental. Un referéndum sirve para preguntar sobre ciertos aspectos concretos, como si queremos o no la energía nuclear... pero no decisiones que implican la ruptura del sistema.

–Últimamente existe un discurso indignado que intenta impugnar la validez de la Transición al ser un proceso lampedusiano en el que la oligarquía salvó la cara y el pueblo siguió ninguneado. Personas afines a las organizaciones derivadas del 15-M, especialmente Podemos, hablan del “fracaso del régimen del 78”. Usted pertenece a la generación que hizo el cambio de la dictadura de a la democracia. ¿Qué opina de todo esto?

–Los discursos de protesta hay que entenderlos y aceptarlos en su proyección negativa. Hay algo de bueno en afirmar que hay mucha corrupción y que deberíamos de buscar medidas políticas para acabar con ella. Desde esa perspectiva, los movimientos como el 15-M son positivos: detectan un problema y ponen el dedo en la llaga. Ahora, de ahí a pretender que todo el sistema constitucional está mal y hay que renovarlo al completo me parece una auténtica exageración. Nuestra Constitución es completamente homologable a las democracias de nuestro entorno, no hay diferencias sustanciales ni puntos negros. Tampoco pactos secretos. Es verdad que el proceso de Transición estuvo mediatizado por el franquismo, pero es que todos los procesos de transición democrática son un compromiso: la constitución alemana se redactó bajo la ocupación de las tropas aliadas y la nación dividida; en Francia, la constitución de 1958 se hizo bajo la amenaza directa de un golpe de estado del ejército colonial que estaba en Argelia y a nadie se le ocurre decir que la Carta Magna gala esté contaminada o pervertida. Uno siempre puede pensar en la idea abstracta de un poder constituyente puro, como hablaba Emmanuel-Joseph Sieyès, pero esto apenas se ha dado en la práctica. Quizás en la Europa de después de la Primera Guerra Mundial, cuando cayeron los imperios centrales y los países que los conformaban pudieron empezar de cero. ¿Queremos una guerra mundial para poder empezar de cero?

–La monarquía es otra de las instituciones que está siendo puesta en cuestión. La renovación de la Corona, con la llegada de Felipe VI al trono, ha rebajado un poco el tono del debate, pero este no se ha dado en absoluto por zanjado. Hay algunos que opinan que en cuanto se abra la reforma constitucional, la monarquía va a estar sobre el tapete.

–Cuando se abre una reforma constitucional siempre aparece el ya que... “ya que estamos, ¿por qué no reformar también esto y lo otro”. El debate sobre la Monarquía está muy anticuado y desfasado. Llegó a su punto álgido a principios del siglo XX y, a partir de entonces, no tiene gran proyección. Si nos preguntan cuáles son los tres estados europeos donde el estado social avanzado se ha mantenido de forma más estable, contestamos: Holanda, Suecia y Dinamarca, tres monarquías. En España, el poder del Rey está absolutamente limitado. Es un órgano simbólico, representativo, sin capacidad de impulso ni acción política. No está justificado focalizar el debate en una institución tan secundaria.

–En plena campaña electoral catalana, el Gobierno aprobó una reforma de la ley del Tribunal Constitucional para darle mayor capacidad para ejecutar sus sentencias. Polémica al canto.

–Las reformas, cuando se hacen a toda prisa, siempre plantean problemas. Parece evidente que si había un desafío territorial intenso en Cataluña el Estado tenía que engrasar los instrumentos de respuesta. Uno de estos instrumentos es el TC, que hasta ahora estaba en un marco más declarativo. Darle capacidad ejecutiva a sus sentencias, en términos puramente jurídicos, no pasa de ser un matiz. La reforma no me parece mal. El debate sobre el Constitucional es más amplio y tiene muchos recovecos: ¿Habría que movilizar más a la esfera judicial ordinaria en el ámbito de los derechos fundamentales y dejar el Constitucional sólo para las grandes decisiones? ¿Habría que estimular más al TC para que cumpla con sus plazos, para que no dejara dormir los asuntos años y años para que se enfríen? ¿Habría que ser más cuidadosos en la selección de los magistrados y buscar más peso específico en los juristas que lo componen? ¿Habría que pedirle a sus magistrados que fueran elegantes y no anduvieran con carnés de partidos políticos en los bolsillos?

–¿El TC está politizado?

–Tiene un cierto grado de politización que no es lo más deseable y que se debe al mecanismo de reparto de cuotas de magistrados entre los partidos. Dicen que esto también se produce en otros países, pero no con la misma intensidad que en España. En EEUU cada presidente nombra magistrados del Supremo, pero lo hace de forma vitalicia, por lo que el magistrado no tiene que hacer méritos para continuar en su plaza y se elimina la politización.

El andaluz hondo que conoció a Mairena

Alguien advierte al plumilla de que Antonio Porras es uno de esos andaluces “hondos”. Cierto. Este catedrático de Derecho Constitucional, nacido en el Protectorado de Marruecos en 1952, exhibe durante toda la entrevista ese saber estar de los meridionales serios, una mezcla de amabilidad y severidad que adorna con una voz profunda y un seseo que suena a patriciado académico. Todo lo dicho no entra en contradicción –más bien lo contrario– con una de sus grandes pasiones, el flamenco. Hijo de un flamencólogo que da nombre a una peña de Montemayor (Córdoba), Antonio Porras estudió guitarra y fue uno de los fundadores de la peña Torres Macarena. “Un día estábamos allí, se abrió la puerta y apareció Antonio Mairena”, cuenta el profesor como quien narra una aparición mariana. Eso sí, le gusta el flamenco jondo y aguanta numantino con sus grabaciones clásicas ante tanta avalancha de moderneces. Como investigador del Derecho Constitucional, destacan sus libros ‘Introducción a una teoría del estado postsocial’ (PPU, 1988) ‘Representación y democracia avanzada’ (CEC, 1994) y ‘Diagnosis y programación política en el Estado Autonómico’ (IAAP, 1996). Sólo basta charlar un rato con él para comprobar que no le gusta la deriva que ha tomado un estado de las autonomías secruestado por la lucha bipartidista y la avidez de competencias de algunos.