El juez imputa al ex alcalde por 150 casas ilegales tras 5 años de diligencias

Más de cinco largos años de instrucción de diligencias previas han dado paso a la imputación judicial de Manuel Ledro León, ex alcalde de Lora del Río y ex diputado autonómico del Partido Popular (PP), por la construcción en dicha localidad de 150 viviendas unifamiliares en una zona verde, denominada El Zahornil, y en otra ocupada por una vía pecuaria. El caso se remonta al año 2000, cuando el gobierno local que entonces presidía Ledro autorizó presuntamente el proyecto de urbanización al margen del planeamiento urbanístico.

Según Ecologistas en Acción, asociación promotora de la denuncia que dio origen a la apertura de diligencias y que actúa como acusación particular, la imputación se produjo el pasado día 14, cuando Ledro compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lora.

Si bien la Fiscalía no ha calificado aún las supuestas vulneraciones legales cometidas, Ecologistas aprecia indicios de delito urbanístico y de prevaricación en la actuación del ex alcalde, al tiempo que considera que otros cargos públicos y ex responsables de las administraciones implicados en la causa pueden también ser inculpados.

La denuncia inicial fue interpuesta ante el Ministerio Fiscal el 12 de junio de 2003 después de que se le hiciera llegar el expediente abierto al respecto por el Defensor del Pueblo Andaluz, que había tramitado una queja presentada en 2001 por la Asociación de Amigos y Usuarios de la Dehesa de Matallana de Lora (Amud-Ecologistas en Acción).

El inicio de las diligencias en los tribunales no impidió que el proceso de construcción de los unifamiliares siguiera adelante hasta la entrega de llaves a sus propietarios, en 2007. En todo ese periodo, según Ecologistas, ni Ledro -que abandonó el cargo tras las elecciones municipales de 2003- ni su sucesor en el cargo, Francisco Javier Reinoso (PSOE) dieron marcha atrás al proceso de obras.

La organización proteccionista denuncia que en todos esos años, debido en parte al retraso del juzgado en activar la instrucción, el Ayuntamiento hizo caso omiso de cuantos informes oficiales contrarios a la urbanización llegaron a sus manos. Entre éstas cita las recomendaciones realizadas por el Defensor y por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

"De todo este proceso", señaló ayer Ecologistas en un comunicado, "tuvieron igualmente conocimiento otros organismos de la Junta de Andalucía, como la Consejería de Obras Públicas y la Dirección General de Ordenación del Territorio, quienes despacharon el asunto aduciendo que la competencia en materia de urbanismo correspondía al Ayuntamiento de Lora del Río".

En este punto, los ecologistas apuntan que la Delegación Provincial de Medio Ambiente "emitió un escrito de conformidad al levantamiento de la suspensión de las obras de edificación, las cuales se encontraban paralizadas precisamente por orden de la misma Delegación provincial de Sevilla, sin que se hubieran llevado a cabo actuaciones de tipo alguno que cambiaran las condiciones del suelo en que se estaban realizando estas edificaciones".