Algo más que una residencia

servicios sociales/La Diputación Provincial de Sevilla ejerce la tutela legal de unas 40 personas, todas ellas residentes en alguno de los centros de discapacitados que posee en las instalaciones del antiguo psiquiátrico de Miraflores, en las residencias de mayores que tiene en la provincia y, putualmente, de otras personas que han pasado por estos centros y que por alguna razón se han trasladado. Se trata de una función que asumen los servicios sociales desde 2006, cuando se creó una comisión específica. Con anterioridad, cuando se presentaban ese tipo de necesidades en los centros se canalizaban hacia otras instituciones sin ánimo de lucro, como la Fundación Tutelar TAU, con la que se mantiene un convenio de colaboración.

Fuentes del área de Cohesión Social e Igualdad recordaron que esta figura está contemplada en el Código Civil con carácter muy restrictivo y que los jueces y los fiscales lo son aún más al autorizarla, aunque en ocasiones es necesario acudir a ella por el propio interés del usuario. Así, precisaron que se da el paso cuando los trabajadores que están cada día con los residentes se percatan en un momento dado de que no toman decisiones de forma coherente o lo hacen en contra de sus propios intereses y recomiendan iniciar el proceso.

Estos trabajadores informan a la dirección del centro, que es la encargada de iniciar la tramitación en el juzgado. El juez pide un informe forense y se lo comunica al fiscal, para que vele por los intereses del afectado. Hay una vista oral, tras la cual el juez toma una decisión al respecto. Cada paso que se da, así como la periódica justificación de las cuentas del tutelado (que también deben remitirse al juzgado), pasan por la comisión de tutelaje, que se reúne cada seis meses y en la que están representados los distintos grupos políticos, los directores de los centros y otros profesionales del área.

Entre las personas que en la actualidad tiene tuteladas la Diputación, hay bastantes que no tienen familia, pero también usuarios que sí la tienen aunque que por causas diversas no pueden o tampoco están capacitados para ejercer ese papel con todas las garantías. Los tutelados están sobre todo en las dos unidades de discapacitados psíquicos que la Diputación tiene en Miraflores (una de adultos y otra de gravemente afectados) y en la residencia San Ramón, que también se ubica en ese complejo y que está especializada en Alzheimer.

Según las mismas fuentes, ese elevado porcentaje de tutelados en Miraflores tiene que ver con el propio origen de esos centros. Muchos usuarios proceden del antiguo psiquiátro y se trata de adultos, cuyos padres e incluso hermanos ya han fallecido. Todos ellos tienen además el nivel más alto de los reconocidos por la Ley de Dependencia.

En las otras dos residencias de mayores que la Diputación tiene en municipios de la provincia, concretamente en Cazalla de la Sierra y Marchena, el número de tutelados es menor, no llega a cuatro usuarios en total. Pero, según las mismas fuentes, se trata de una necesidad que va al alza por la propia evolución demográfica de la población, con mayor esperanza de vida e incidencia de enfermedades como el alzhéimer. También por la evolución de las propias residencias de mayores, que han pasado a ser un último recurso, por el que se opta para personas dependientes para las que otros dispositivos de apoyo -teleasistencia, ayuda a domicilio, unidades de estancia diurna...- no son suficientes. El mismo portavoz del área que dirige la diputada Lidia Ferrera destaca que en la última inspección de la Junta a alguno de estos centros se les recomendó incluso estudiar e iniciar ese proceso para otros residentes.

Al margen de estos 40 usuarios de centros de la Diputación, cuya tutela ejerce directamente el organismo, la Fundación Tutelar TAU, promovida por la Asociación Paz y Bien en 1994, tenía tuteladas en 2012 a más 170 personas en la provincia de Sevilla.