Martínez Cortafuegos

LA consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, subió ayer al altar del sacrificio para salvar -mejor dicho, para tratar de salvar- la figura política de su jefe, el presidente Griñán, hacia el que apuntan todas las baterías del Partido Popular en relación con el escándalo de los expedientes de regulación de empleo.

Tesis del PP: José Antonio Griñán, como consejero de Hacienda que era en la época de los ERE irregulares, supo y consintió la incorporación de intrusos en los mismos, puesto que era el receptor, junto al consejero de Empleo correspondiente, de los informes de la Intervención General de la Junta que advertían de que la concesión de las ayudas a empresas en crisis se estaba gestionando fuera de los procedimientos administrativos ordinarios (el famoso fondo de reptiles del que habló el ex director general de Trabajo).

Defensa de Martínez Aguayo: de estos dictámenes de la Intervención se hacían cargo los viceconsejeros, es decir, ella misma en el caso de los remitidos en 2005, 06 y 07 a Hacienda. Y ella nunca los transmitió al entonces titular de Hacienda, Griñán, porque no eran vinculantes y porque sólo cuando el interventor encuentra un riesgo de menoscabo para los fondos públicos emite también un "informe de actuación" que habría obligado a modificar la práctica de financiación de los ERE. De todos modos, Aguayo admite que este tipo de documentos "no se leen al detalle". El caso es que el riesgo de que aquella forma de actuar y de tramitar las subvenciones menoscabase los fondos públicos estaba implícita. La prueba es que el menoscabo se produjo de hecho muchas veces. Recibieron prestaciones como prejubilados varias docenas de personas del entorno del poder que no tenían derecho a ellas porque ni siquiera pertenecían a las plantillas de las empresas socorridas. Menoscabar es disminuir las cosas, quitándoles una parte, reducirlas. Y aquí se redujo el dinero destinado a trabajadores en crisis para dárselo a los intrusos. No hay vuelta de hoja.

Los responsables políticos de esta desatención a los informes del interventor eran, naturalmente, los consejeros de Empleo bajo cuya guardia ocurrieron los hechos y, en segundo lugar, el consejero de Hacienda de la época, a la sazón José Antonio Griñán. Con su comparecencia de ayer, Carmen Martínez Aguayo ha intentado desviar esta última responsabilidad hacia sí misma, dejando a salvo a su jefe y amigo, quien la hizo viceconsejera entonces y la nombró consejera cuando alcanzó el sillón principal de la Casa Rosa. Ya conocen el argumento: no informó a Griñán porque no consideró graves las advertencias de la Intervención.

A la vista de lo sucedido, está claro que se equivocaba: eran graves.