Funcionarios anticorrupción

EL escándalo del fondo de reptiles en la Consejería de Empleo ha de servir para liquidar axiomas que han hecho mucho daño a la función pública en Sevilla y en el conjunto de Andalucía. Son los polvos de los que vienen estos lodos. Durante años se amasó la bola para justificar la creación de empresas públicas, agencias, institutos y fundaciones. Para ello, desde el poder político se lanzó un mensaje a los ciudadanos: la burocracia administrativa es lenta y poco ágil, sometido a exasperantes procedimientos, y por ello necesitamos nuevos órganos de gestión para agilizar los proyectos y las inversiones, para atender más rápido las demandas de la población. En lugar de reconvertir profundamente la Administración Pública, y dotarla de nuevos modelos de gestión, de incentivos a la productividad y de promoción interna, amén de abrirle una puerta de salida a los ineficientes, se optó por la sobreabundancia de organismos. Ya ven el resultado en la gestión del desempleo: más enchufados, más gastos, más ineficiencia, más corrupción.

El Ayuntamiento de Mercasevilla y la Consejería de Río Grande serían mejores y menos onerosos si, en lugar de meter a turbios e innecesarios intermediarios, pusieran en manos de los mejores funcionarios la gestión, por ejemplo, del pago de las prejubilaciones. No olviden dos datos: esos funcionarios de carrera cumplen y hacen cumplir el derecho administrativo. Y ¡cobran sueldos más bajos que los que se han puesto los directivos de las empresas creadas con capital de la Junta y adscritas al derecho privado para estar sometidas a menos controles!

Cuando la Intervención General de la Junta envió tres años consecutivos (2005, 2006 y 2007) informes a los altos cargos de la Consejería de Empleo, cuestionando de cabo a rabo los métodos que utilizaban para los expedientes de regulación de empleo, estaban defendiendo la rectitud y el interés general, a pesar de los políticos que no les hicieron caso. Quienes decidieron que las ayudas no se publicaran en los boletines oficiales, para laminarse otro mecanismo de control, fueron políticos, no funcionarios. Ténganse en cuenta todos los resortes del buen gobierno desmantelados en el caso de los ERE, ahora que tienen lugar las negociaciones parlamentarias para reconducir el decretazo de la función pública. La credibilidad está de parte de los funcionarios, se manifiesten o no por las calles.