La cadena perpetua

EN los últimos meses se ha comentado mucho sobre la necesidad de "modificar el sistema punitivo español". En este contexto, cuando hablamos de la comisión de delitos de terrorismo, delitos contra la integridad física o sexual, encarnados en figuras como menores o adolescentes, la sensibilidad de los ciudadanos queda a flor de piel.

Son habituales las noticias que aparecen en las portadas de los periódicos informando de la próxima salida de prisión de condenados por delitos de terrorismo o agresión sexual. Esto ha generado un comprensible desasosiego e impotencia social que se traduce en esta corriente a favor de la instauración de la condena perpetua.

Manifestaciones, encuestas, debates, programas de televisión o artículos periodísticos como éste afloran a diario como consecuencia de un nuevo debate moral que ha calado profundo en la sociedad española, y que hace unos años (no tantos) nos parecía una solución horrible: la cadena perpetua.

El primer Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Wolters Kluwer y Metrocopia, refiere que cerca de un 82% de los ciudadanos españoles está a favor de la instauración de la pena de cadena perpetua; de ellos, el 51% estaría de acuerdo con la revisión de la misma, y el 31% restante estaría a favor sin condiciones.

Pese a estos datos, que constatan el sentir de la mayoría, debemos matizar que España, en la actualidad, es el país de la Unión Europea con mayor índice de población reclusa por habitantes (160 reclusos por cada 100.000 habitantes). Este dato no es debido tanto a la existencia de más ingresos en las cárceles como a que los delincuentes condenados con sentencia firme pasan más tiempo en ellas. En números concretos, el incremento de la población reclusa ha ido en aumento en los últimos años, pasando de los 33.000 en 1990 a los 77.000 a día de hoy. Otro dato significativo que se debe tener en cuenta para poder calibrar la necesidad de instaurar esta pena a perpetuidad es que la tasa de criminalidad en España es inferior a la media Europea: 47,6 delitos por cada cien mil habitantes, frente al 70,4 de la media comunitaria.

¿Es realmente necesario modificar el régimen punitivo vigente? Probablemente, muchos de los que se muestran a favor e incluso de los que están en contra de reinstaurar la cadena perpetua desconozcan el alcance del sistema punitivo del que goza nuestro Estado de Derecho.

Al margen del posible encaje legal de esta medida -difícil de conciliar para algunos con la reinserción del reo que ampara nuestra Carta Magna-, la realidad es que desde el año 2003 en España contamos con la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.

A pesar de que nuestro país no goce de la pena de cadena perpetua como otros de nuestro entorno donde esta medida es revisable, nuestra legislación prevé el cumplimiento de hasta 40 años de prisión para quien haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos tengan individualmente prevista una pena de más de 20 años (artículo 76 del Código Penal).

En términos de derecho comparado, nuestro sistema punitivo es uno de los más rígidos de Europa, no sólo ya por lo expuesto en cuanto al cumplimiento integro de las penas, sino también por la novedad instaurada desde el año 2006 por el Tribunal Supremo con la doctrina Parot. Esta línea jurisprudencial supuso un giro interpretativo del artículo 70 del derogado Código Penal de 1973, al referir, que los beneficios penitenciarios que sean de aplicación conforme a la legislación anterior se deberán aplicar respecto de cada una de las penas impuestas individualmente con un máximo de ejecución de treinta años.

En definitiva, con la supresión de la reducción de pena por el trabajo (1995) y el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas (2003) el sistema punitivo en España se ha visto endurecido con respecto a los demás países de nuestro entorno.

Así las cosas, legislar en un asunto tan sensible como la instauración de la cadena perpetua no debe ser objeto de especulaciones oportunistas. Entiendo que cualquier modificación del sistema actual merece una reflexión más profunda y serena que esté alejada de cualquier "presión" social, política o mediática.