Transparencia e igualdad

EL Colegio de Arquitectos de Sevilla ha denunciado formalmente el incumplimiento reiterado por las administraciones públicas de la Ley de Contratos que obliga a que las contrataciones se realicen favoreciendo la máxima participación, igualdad y transparencia. El colegio ha llegado a presentar en cinco años 86 recursos administrativos contra licitaciones públicas, con escasa respuesta. Incluso cuando los contenciosos han acabado dando la razón a los profesionales, las instituciones afectadas no han forzado la ejecución de las sentencias. Se trata de un problema grave, que se reproduce sin duda en las demás provincias andaluzas y que incluye a la Junta de Andalucía como uno de los organismos incumplidores de la normativa vigente, que ya hubo que cambiar por indicación de la Unión Europea. Las irregularidades más frecuentes se refieren a la aplicación de criterios subjetivos para la adjudicación, la contratación conjunta del proyecto y de la obra (la ley solamente la acepta en casos excepcionales), la obligación de los arquitectos de concurrir en unión temporal de empresas y la imprecisión de los pliegos de condiciones impuestas a los profesionales concurrentes. Igualmente se utiliza el procedimiento de urgencia más allá de lo razonable y se ponen precios de licitación inferiores a los de mercado, con bajas que el Colegio califica de temerarias. Hay una queja excesivamente habitual: los contratos se tramitan de forma dirigida y tienden a favorecer por sistema a determinadas empresas, en detrimento de otras. Se trata, en definitiva, de una política deliberada que atenta contra la igualdad de oportunidades a la que todos los agentes económicos, y mucho más las administraciones públicas, deben atenerse en su conducta. Si este principio es siempre exigible, resulta mucho más necesario en la actual coyuntura en que las empresas y los profesionales, afectados por una crisis evidentemente grave y una competencia feroz, precisan de unas reglas de juego claras y equitativas, que no dejen resquicios a la arbitrariedad y la discriminación. La queja de los arquitectos, como la de las empresas perjudicadas por estas prácticas, no debería caer en saco roto.