Notas al margen
David Fernández
El problema del PSOE-A no es el candidato, es el discurso
Editorial
EL Parlamento de Andalucía aprobó ayer la primera norma de carácter autonómico que regula los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y los deberes de los profesionales que le atienden, tanto en centros públicos como privados. La Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, conocida popularmente como la ley de la muerte digna, responde a un mandato expreso del nuevo Estatuto de Autonomía, aunque ya existe una legislación estatal suficiente para aplicar las prácticas contenidas en el texto acordado por el parlamento autonómico. La ley consagra la declaración de voluntad vital anticipada de los ciudadanos y reconoce el derecho a recibir información clínica veraz y comprensible que le ayude en la toma de decisiones, a recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedación paliativa y a rechazar o paralizar cualquier intervención. Precisamente este apartado de los cuidados paliativos responde a una de las demandas más reiteradas de la comunidad clínica, ya que se calcula en 60.000 los andaluces que los necesitan en el momento actual, entre enfermos oncológicos y otras patologías en fase avanzada. Esta norma pionera, que excluye cualquier referencia a la eutanasia y el suicidio asistido -ilegales en España-, fue aprobada por los tres grupos con representación parlamentaria, si bien el Partido Popular solicitó la votación separada de tres de sus treinta y tres artículos y votó en contra de los mismos. Básicamente los populares defendían el derecho a la objeción de conciencia de médicos y enfermeros a la aplicación de la ley -que el Consejo Consultivo dictaminó como competencia exclusiva del Estado- y una regulación más concreta de los comités de ética que habrán de examinar cada caso que se plantee en el centro sanitario correspondiente. Con este paso adelante del sistema sanitario andaluz se evitarán casos como el de Inmaculada Echevarría en 2007, que tuvo que acudir a los tribunales para que le desconectaran la ventilación mecánica que la mantenía con vida contra su voluntad, y se evitará el ensañamiento terapéutico, que tanto sufrimiento causa.
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