Notas al margen
David Fernández
El problema del PSOE-A no es el candidato, es el discurso
Editorial
LA Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un llamado Plan de Respuesta Razonable que trata de afrontar de manera coyuntural el grave problema de atasco que sufre la Administración de Justicia en esta comunidad autónoma. A la medida, adoptada la semana pasada, de descongestionar específicamente los veinte juzgados andaluces más saturados, se une ahora un programa novedoso: movilizar a más de 900 funcionarios para que hagan horas extraordinarias por la tarde, a fin de agilizar las causas que colapsan literalmente el funcionamiento de uno de los poderes básicos del Estado. La medida, que viene a modificar la postura anterior de la consejera, Begoña Álvarez, contraria a abrir los juzgados por la tarde, se aplicará a los juzgados de lo social y lo mercantil, cuya agenda, ya de por sí nutrida, ha sido sobrecargada de asuntos a consecuencia de la crisis económica, aunque también afectará a los penales (en total, los juzgados beneficiados serán 121) y a los servicios comunes. Por el contrario, no supondrá la celebración de juicios en dicho horario ni la apertura de las instalaciones al público. Se trata de evitar que los ciudadanos tengan que pagar, precisamente cuando su situación es peor, los costes materiales y morales del retraso de la Justicia. Un retraso que, como siempre se ha dicho, hace que la Justicia no sea tal. La ventaja de este plan, cuyo coste se calcula en tres millones de euros, radica en su carácter coyuntural y experimental, ya que la Consejería se ha impuesto un plazo limitado y a partir de enero habrán de evaluarse los resultados prácticos de su puesta en marcha. Hay que subrayar, sin embargo, que el plan de choque dependerá en buena parte de la colaboración de los secretarios judiciales, sobre los que recae la organización del mismo, y que en todo caso no debe confundirse con la solución a los problemas estructurales de la Justicia en Andalucía, para la cual hacen falta otras medidas e iniciativas, no sólo de la Junta, sino del Ministerio y del Poder Judicial. Mientras tanto, aguardemos los resultados de un plan que, al menos, tiene la virtud de intentar un cambio parcial en el marasmo judicial que padecemos.
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