Otro desafío catalán

LA proximidad del fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña y la posibilidad de que éste invalide algunos de sus aspectos sustanciales -la consideración de nación de la comunidad autónoma o la obligatoriedad de conocer su lengua- ha levantado una nueva ola de desafío catalanista hacia el Gobierno, que ayer sólo quedó en parte mitigada después de la primera reunión del Govern tras las vacaciones. La buena noticia es que el tripartito ha desaconsejado la manifestación preventiva que proponían sus socios de Esquerra Republicana, un modo de presión institucional sobre el Constitucional del todo intolerable. La mala es que el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, no aclaró si el Ejecutivo de José Montilla seguirá desplegando el Estatuto aunque éste sea considerado, parcialmente, inconstitucional. Sin embargo, desde dentro del PSC se está presionando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con una amenaza reincidente: la retirada de los apoyos de los socialistas catalanes en el Congreso, un recurso que ya utilizaron a fondo durante la negociación del sistema de financiación autonómica. Y les funcionó. Saura declaró que, en caso de rechazo, habrá que rehacer el pacto de Estado entre España y Cataluña. Con independencia de lo que deseen hacer CiU, Esquerra o una parte del PSC (uno de sus líderes, Ernest Maragall, ha llegado a solicitar un Gobierno de coalición entre el PSOE y el PSC en Moncloa), el Gobierno no puede actuar de correa de transmisión de estas presiones ante el Tribunal Constitucional ni pretender otro tipo de soluciones, como forzar ahora la renovación de los jueces en un intento de hacer retrasar una sentencia que, de ser contraria al Estatuto, le acarrearía un gran problema en el Congreso. El Constitucional ha consumido ya dos años desde que el PP presentara el recurso, por lo que ha dado tiempo a comenzar a aplicar el Estatuto. Dos años ya son suficientes: el tribunal se debe pronunciar lo antes posible con una sentencia clarificadora, que no sólo afectará al Estatuto catalán y su encaje en el sistema constitucional español -lo que no es poco-, sino a otros textos de otras comunidades autónomas. Una sentencia histórica como se presume ésta debe estar por encima de la coyuntura política y parlamentaria.