Política de Estado respecto a Gibraltar

LA histórica visita a Gibraltar del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, para participar en la tercera cumbre ministerial del Foro de Diálogo ha puesto de manifiesto una honda división entre la política que ejecuta el Gobierno y la que defiende la oposición. El hecho de que en una cuestión de Estado, como es la reclamación de la soberanía del Peñón, no exista el consenso es, antes que cualquier otra consideración, negativo. Que Moratinos fuese a Gibraltar era sólo cuestión de tiempo, a tenor de la política emprendida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero desde su acceso al Ejecutivo, en 2004. Porque un dato que ha quedado soslayado pero a nuestro juicio es relevante es que las sedes de las rondas ministeriales del Foro son rotatorias: tras las citas en Córdoba y Londres, la siguiente sería en la Roca. La visita, por tanto, se enmarca dentro de la política pragmática que el Gobierno tiene respecto a Gibraltar: dialogar y cooperar, resolviendo problemas concretos a ambos lados de la Verja -pensiones, uso conjunto del aeropuerto, comunicaciones, fiscalidad, medio ambiente, entre otros-, como la mejor forma de crear el clima idóneo que permita en el futuro llegar a un acuerdo para recuperar la soberanía cedida en 1713. Sí consideramos positivo que el ministro, pese a matizar que el Foro no es lugar para tratar el contencioso porque ésa es una cuestión bilateral con Reino Unido, reclamase la vigencia "permanente" de la "irrenunciable" soberanía española. Nos reafirmamos en que el anacronismo de que un Estado tenga una colonia en territorio de un socio en la UE debe extinguirse. En eso sí hay consenso: lo suscriben todos los españoles. Lamentablemente no lo hay en la forma. Zapatero, de la mano de Moratinos, ha apostado por el diálogo y la cooperación, que ha dado sus frutos, aunque hay una evidente falta de reciprocidad del lado de Gibraltar. El ministro lamentó en la cumbre que las quejas del PP no se las trasladasen cuando informó previamente de la visita al Congreso y al Senado. El PP considera equivocado haber dado voz propia a Gibraltar, situándola al nivel de los representantes de los estados, y una "traición" que Moratinos fuese al Peñón. Esta división debe acabar, pues resta credibilidad a España, y dar paso a una política de Estado consensuada respecto a Gibraltar.