Rechazo andaluz al aborto a plazos

LOS resultados del Barómetro Joly publicados ayer respecto a la modificación de la ley del aborto que prepara el Gobierno central apenas dejan lugar para las dudas: en Andalucía hay un rechazo mayoritario al cambio de la ley vigente y, especialmente, a que las menores de entre 16 y 18 años aborten sin el consentimiento de sus progenitores, como permitiría la nueva norma de aprobarse en su redacción actual. Siete de cada diez encuestados han expresado que están o totalmente en contra (57,4%) o más bien en contra (15,4%) de que la legislación permita esa situación. Los que se han manifestado a favor, de manera rotunda (12,1%) o parcial (11,8%), no suman ni la cuarta parte de los encuestados. Al diseccionar las respuestas en grupos de edad y sexo los resultados son también muy reveladores. Por sexos, son más las mujeres que se oponen a esta ampliación de los supuestos de aborto que permitiría a una chica tomar la decisión sin la aquiescencia de sus padres. Prácticamente ocho de cada diez encuestadas. Entre los hombres la negativa cae hasta el 67,1%. El rechazo es mayor también cuanta más edad, y por tanto experiencia, tienen las personas que han respondido al cuestionario. Aun así, los que se oponen a la medida son también mayoría (63,8%) entre los jóvenes. El análisis de la adscripción ideológica de los encuestados deja también un dato que debiera hacer al PSOE reflexionar: un 65,9% de quienes se declararon votantes de Rodríguez Zapatero están contra este polémico aspecto de la reforma. Sólo entre los votantes de IU hay más opiniones a favor que en contra. Tampoco el plazo de 14 semanas propuesto para permitir la libre interrupción del embarazo tiene un respaldo suficiente: sólo un tercio de los encuestados lo defienden. El resto está en contra con distintas gradaciones. Todos estos datos nos llevan a reafirmarnos en nuestro criterio de que no hay una verdadera demanda social que justifique el cambio de legislación, que los españoles aceptan los supuestos de aborto actualmente legales y que en lo que el Gobierno debería esforzarse es en aplicarlos con rigor para evitar los casos de incumplimiento que se han detectado.