La dignidad docente

LA Consejería de Educación ha anunciado que los profesores que se comprometan a "mejorar el rendimiento de sus alumnos" recibirán hasta un máximo de 7.000 euros repartidos en cuatro años. Por "mejorar el rendimiento" ha de entenderse que falten menos a clase, que repitan menos cursos y que permanezcan más años en el sistema escolar, entre otras cosillas.

Lo primero que llama la atención de tal medida es la gratuita e insultante suposición de que los profesores no trabajamos debidamente y a ello se deben los desastrosos resultados que acaba de reflejar el último informe PISA. Sin duda, como en toda profesión, algún zángano habrá entre los docentes, pero para eso está la Inspección educativa, para sacarlos a la luz y ponerlos a trabajar. Pero no, a los que no estén cumpliendo debidamente, a los zánganos, se les ofrecen 7.000 euros si prometen mejorar. ¿Y a los demás? ¿Qué pasa con los profesores que ya están haciendo cuanto pueden? Pues que se quedan sin nada, como premio a sus buenas prácticas docentes. Salvo que se sumen al carro, lo que, implícitamente supone reconocer que no lo estaban haciendo bien.

Otra cosa chocante es que nunca se pretenda la mejora del rendimiento de esa caterva de asesores, pedagogos y expertos sin experiencia cuyo incesante crecimiento va parejo al empeoramiento de los resultados. ¿Se considerará causa perdida la de lograr que hagan algo útil?

Pero lo más sorprendente de todo es la pretensión de que los profesores se comprometan a mejorar cosas que ni son de su competencia ni tienen la menor posibilidad de conseguir. Porque ¿qué puede hacer un profesor para que sus alumnos falten menos a clase? Los docentes ponemos las faltas de asistencia del alumnado en conocimiento de la Jefatura de Estudios del centro, y ésta, según ley, las comunica, cuando se superan ciertos límites, a Asuntos Sociales, que es el organismo encargado de investigar si existe dejación por parte de los padres. ¿Por qué no les piden a los de Asuntos Sociales que se comprometan a mejorar el rendimiento? Tampoco en lo de procurar que los alumnos permanezcan más tiempo en el sistema escolar parece que podamos hacer gran cosa, dado que es decisión del alumno cuándo interrumpe su formación e ingresa en el mundo laboral. ¿Y en lo de disminuir el número de repeticiones de curso? Bueno, ahí sí que podríamos hacer algo: aprobar a todos los alumnos por la cara para que pasen de curso y no repitan. Claro que eso equivaldría a desvirtuar nuestro trabajo, a corromper definitivamente el sistema de enseñanza del país, a engañar indignamente a la sociedad, a certificar una formación inexistente... Aunque, eso sí, cobraríamos ese dinerillo. Y, de paso, a los políticos que nos lo ofrecen les mejorarían algo esas desastrosas estadísticas que los ponen en evidencia. ¿Será esa su intención?

Otro de los puntos de que depende el cobro del complemento es la disminución de las conductas contrarias a las normas del centro por parte de los alumnos. Pero, por supuesto, sin que se nos devuelva ni un átomo de capacidad sancionadora, de esa autoridad que se nos arrebató con la Logse y que nunca se nos ha devuelto. Es decir, que debemos ejercer más autoridad sin tenerla de hecho. También aquí se tienta al profesor para que venda su dignidad: ya que no dispone de herramientas para impedir las conductas contrarias a las normas, lo que sí puede hacer es silenciarlas, no reflejarlas en documento alguno, asumir el desorden en el aula y la consiguiente imposibilidad de enseñar a cambio de dinero. De hecho, lo único nuevo en esto es el ofrecimiento de dinero, pues hace ya muchos años que la Inspección presiona para que no se sancione a los alumnos más díscolos, aunque impidan el aprovechamiento de los demás. Las sanciones son "excluyentes", dicen.

Pero la clave de tanto desatino nos la da la propia Orden que regula el complemento. Dice textualmente que "en educación los procesos son tan importantes como los productos". Una vez más, los "expertos" de la Consejería muestran una supina ignorancia de lo que es un sistema de enseñanza: los docentes no "producimos" aprobados, sino que nos esforzamos por transmitir conocimientos a seres humanos. Y esto no se consigue poniéndonos delante a los docentes una ridícula zanahoria de 7.000 euros para que entreguemos a cambio nuestra dignidad, sino con leyes coherentes con las necesidades y proyectos razonables de nuestros alumnos y con normas de convivencia que se cumplan realmente.

Pero, al parecer, esa es la única respuesta que en la Andalucía imparable se sabe dar al desafío de la sociedad del conocimiento: criterios de cadena de montaje; si los profesores quieren plus de productividad, que produzcan más aprobados; que a los políticos les viene bien, aunque sea al precio del futuro de la sociedad.