Instituciones y crisis en la Eurozona

LOS países no salen nunca de crisis económicas profundas si se adoptan únicamente medidas de carácter macroeconómico. Estas medidas pueden ayudar a reducir o a contener transitoriamente una situación de deterioro de la moneda, de los bancos o del conjunto del sector público.

Sin embargo, sin la contribución de reformas que mejoren, con carácter permanente, todo el entorno microeconómico, los efectos de las medidas macro tendrán una corta vida. Los problemas de fondo continuarán y estos se manifestarán incluso con más fuerza, porque las causas últimas de la crisis no se han resuelto y se han ido acumulando con el tiempo, ganando tamaño.

Ésta es la situación en la que vive Grecia, pero también otros países europeos que tienen las esperanzas fundadas en una vuelta al crecimiento económico apoyado, fundamentalmente, por las medidas macroeconómicas que se están adoptando, ya sea una reducción adicional de los tipos de interés, un mayor flujo de crédito a las familias y empresas, o una relajación de los acuerdos sobre déficit y deuda públicas. Sin reducir la importancia de los efectos positivos que las mismas deparan sobre la actividad, esos efectos van desapareciendo con el tiempo si otros problemas de carácter micro no se han resuelto.

Lo que es cierto para la economía, lo es también en este caso para la política. Los partidos que han estado gobernando Grecia han prometido arreglar el estado de cosas desde arriba. A pesar de prometer mucho, han hecho poco, y las cosas, por abajo, siguen igual.

El fraude fiscal, la desorganización del Estado, la corrupción, la búsqueda muy intensa de rentas, conseguidas en condiciones no competitivas por los distintos grupos próximos al poder, han continuado intactos.

El cambio político no es ninguna garantía para el cambio económico, si las instituciones que gobiernan el Estado -públicas, pero también privadas- no sufren una profunda transformación, de manera que pasen a apoyar y a implementar políticas que reduzcan sustancialmente la corrupción, las normas de funcionamiento de las instituciones públicas y las relaciones con el poder económico privado próximo a las instituciones del Estado. Estas transformaciones serán tanto más difíciles de llevar a cabo, cuanto mayor sea el tamaño del sector público y cuanto más dependan los grupos económicos privados de la propia actividad económica o regulatoria del gobierno.

El populismo económico es una tentación difícil de resistir cuando la situación económica se agrava. Pero ninguna política populista saca a un país de una crisis profunda. Si el nuevo gobierno griego no ataja el fraude fiscal, si no rompe con los intereses particulares que atenazan la actividad de las pymes y de los profesionales, con los monopolios de empresas públicas y privadas y con la corrupción, la economía no entrará en una senda de crecimiento sostenido.

Los cambios políticos no garantizan, por sí mismos, nada. Todos los partidos sin excepción están sometidos a presiones e intereses particulares. Solo si se producen cambios que fortalezcan las instituciones, frente a arbitrariedades del poder político o económico o a mesianismos, la economía griega podrá salir de la actual dramática situación.