Seguridad privada

HAY un problema de seguridad en este país: la privatización paulatina de estos servicios sin que parezca anormal. En paralelo se impone la sensación, no sólo en Estepa, de que los recortes generales en los servicios públicos también afectan a materia tan delicada como la policial y judicial. Un amigo me alerta de que en su barrio una compañía de seguridad hace una campaña de marketing muy agresiva. Cuenta los robos en la zona calle por calle, con detalles que ignoro si pasarían un control de veracidad.

El comercial que firma el pasquín sostiene que los ladrones abren toda clase de puertas, hasta las blindadas y acorazadas. Y ofrece, previo pago de su importe, controles audiovisuales, alarmas y otros remedios infalibles, como llamar a la Policía. Podríamos empezar por ahí, por tener un cuerpo de policías mejor dotado y no pagar a un privado para que les llame en caso de urgencia. El ministro ya consiguió colar en la Ley de Seguridad Privada (artículo 32.1.d), en vigor desde abril, que los guardias de seguridad puedan detener a sospechosos de haber cometido delitos. Eso sí, para ponerlos inmediatamente a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen teóricamente el monopolio en la materia.

Llevamos meses, desde antes de la promulgación de esta ley, con campañas de publicidad que en sentido estricto suponen un suspenso para la gestión del Ministerio del Interior. Además de en los buzones, en prensa, radio y televisión la publicidad de estas empresas nos cuenta el auge de los robos con una alegría que está reclamando un control previo. Y creada la alarma, creado el negocio, para quienes puedan pagárselo. Podría pensarse que así habrá más disponibilidad de policías en los barrios con menos alarmas o menos vigilantes de seguridad. Pero en la práctica, toda privatización de servicios públicos supone un nuevo elemento de desigualdad.

Pero nada de esto levanta oleadas de censura ciudadana. Otros acontecimientos más lejanos sí que consiguen conmover a la opinión pública. Nos angustia la seguridad de los palestinos por el abuso de fuerza de Israel o la muerte de los 300 ocupantes del avión que iba de Holanda a Malasia. Y de Estepa, que está más cerca sólo llama la atención que un grupo de ciudadanos meta fuego a unas casas. Mal hecho.

Sin embargo, el alcalde ha explicado que lleva un año reclamando más efectivos en los juzgados y en la Guardia Civil, sin éxito. Es curioso que le haya contestado la delegada del Gobierno diciendo que no se hagan este tipo de declaraciones porque suponen un perjuicio en términos de imagen. Es una idea. Que sepa un servidor nada han dicho nunca la delegada ni el ministro de Interior sobre las agresivas campañas que hacen las empresas de seguridad metiendo miedo a la ciudadanía para pillar clientes, con pregones sobre oleadas de robos. Pero podría valer la misma filosofía. ¿O no?