El curioso robo en el despacho del fiscal

MUÑOZ

LOS juzgados, aunque pueda parecer todo lo contrario, no son instalaciones seguras. Tal vez sea por las características de una buena parte de la clientela que frecuenta los edificios judiciales o por otros motivos distintos, pero las evidencias están ahí. En los juzgados ha desaparecido de todo, desde ordenadores portátiles entregados a los secretarios para hacer su labor, hasta borradores de sentencias, pasando por bolsos, etc., así como el más reciente robo perpetrado en el estanco de los juzgados de Sevilla, a pesar de que estos cuentan con vigilancia las 24 horas.

Recuérdese lo que ocurrió en 2003 con la única sentencia que condenó a Juan Guerra a un año de prisión por delito fiscal, que desapareció del despacho del magistrado Conrado Gallardo y obligó al juez a convocar a las partes apresuradamente para notificarles el contenido de la resolución.

Los cacos han vuelto a actuar, perpetrando otro extraño robo, en este caso en el despacho de los fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, que representan a la acusación pública en el caso de los ERE fraudulento. La semana pasada, en plena Feria de abril, los fiscales pudieron comprobar cómo alguien había sustraído de la mesa de su despacho el auto de la Audiencia de Sevilla que había confirmado la imputación de la ex ministra Magdalena Álvarez en la causa de los ERE.

El robo en sí no tiene la mayor trascendencia, puesto que se trataba de una resolución ampliamente difundida por los medios de comunicación y a los fiscales no les costó mucho trabajo hacerse con una nueva copia del mismo. Pero vuelve a poner en evidencia la falta de medidas de seguridad de un edificio que necesita importante reformas. El robo del auto de Magdalena Álvarez -por cierto, ¿a quién puede interesarle una sustracción de una resolución de este tipo?- constituye hoy una nueva anécdota en la imparable lista de sustracciones en las sedes judiciales, pero quizás mañana los ladrones puedan hacerse con otro documento más importante.

El consejero de Justicia, Emilio de Llera, que por cierto en su día compartía el despacho con los fiscales de Anticorrupción, debería actuar y tratar de reforzar la seguridad en el edificio judicial. Tal vez bastaría con arreglar las cerraduras de las puertas de los despachos, para que los fiscales pudieran cerrarlas convenientemente en su ausencia. Quién sabe.