Los excesos de una instrucción

LA complejidad del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, que tiene ya más de 140 imputados, no es razón suficiente para explicar una instrucción tan llena de lagunas y desaciertos. Aunque la labor de la juez Mercedes Alaya merece elogiarse por su esfuerzo y tenacidad, no son pocos los elementos negativos que se van acumulando en su elaboración del sumario del gran escándalo de corrupción de la política andaluza. Hemos criticado, en este sentido, la demora con que se está instruyendo, la cascada de preimputaciones no justificadas e incluso de imputaciones de personas que tardan años en ser interrogadas sin que tengan posibilidad de defenderse o los vaivenes procedimentales que paralizan determinadas diligencias porque, al afectar a personas aforadas, implicarían su traspaso inmediato a tribunales superiores y la pérdida de la competencia por la propia instructora. Ahora Alaya ha dado un nuevo paso en falso al conceder credibilidad a una denuncia procedente del personaje central de la trama corrupta, el ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, cuya defensa se basa exclusivamente en el intento de diluir su propia culpa en la supuesta responsabilidad de otros cargos políticos relevantes. De acuerdo con esta estrategia, Guerrero presentó, a finales de noviembre, un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se alude a unas ayudas concedidas, supuestamente de modo irregular, a la Diputación de Sevilla y a dos empresas de la provincia, y se señala textualmente que "en dichas ayudas intervinieron muy activamente los señores Fernando Rodríguez Villalobos y Diego Valderas Sosa", sin concretar de ninguna manera en qué haya podido consistir esa pretendida intervención muy activa de ambos. Es de destacar que Villalobos, presidente de la Diputación sevillana, fue uno de los primeros líderes socialistas en descalificar al ex director general de Empleo, en tanto que Valderas comparte gobierno de coalición con el PSOE andaluz en su condición de vicepresidente de la Junta en nombre de IU. A pesar de que cuando se otorgaron las ayudas cuestionadas Diego Valderas carecía de poder ejecutivo alguno y ni siquiera tenía acta de diputado de la oposición, Mercedes Alaya ha ordenado a la Guardia Civil que investigue las etéreas acusaciones de Javier Guerrero. Ahora el vicepresidente de la Junta aparece implicado en una red corrupta sin motivación ni razonamiento, sólo por un folio inconcreto procedente de un imputado real y relevante en dicha red. Por ese camino Alaya puede echar a perder una labor instructora que tiene otros elementos muy positivos.