La ciudadanía europea, ignorada

ESTE 2013 que hoy termina ha sido el Año europeo de la ciudadanía. Sin pena ni gloria, desgraciadamente. Aunque esa no fuese la intención del Consejo y el Parlamento Europeo cuando quisieron celebrar el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, en el que se consagró el estatuto de ciudadanía de la Unión Europea. Hoy es un buen día para el balance de esta iniciativa. Se pretendía recordar a los nacionales de los 27 países miembros, que se convirtieron en 28 a mitad de este curso con el ingreso de Croacia, de los beneficios inherentes a su condición de europeos y estimular el debate a pie de calle sobre las reformas necesarias para mejorar su vida cotidiana.

Sin embargo, al margen de la celebración oficial, este cumpleaños ha pasado casi desapercibido. Muchos europeos desconocen todavía los derechos que poseen como ciudadanos y otros tantos, lejos de encontrar motivos para felicitarse, perciben a la UE como la principal responsable de la crisis, y no dudan al afirmar que el elemento crucial de la identidad europea no es la historia y cultura comunes o nuestros valores democráticos, sino el euro.

Incluso aquí en Andalucía, ha habido un cambio de mentalidad: la Comunidad Europea significaba hace 28 años, cuando España se sumó, un faro de libertad y democracia frente a las dictaduras comunistas del Este o de extrema derecha del Sur. También una fuente de progreso, pero la opinión pública ha estado más pendiente de las subvenciones que han llegado a la región, unos 80.000 millones de euros por todos los conceptos, que de los derechos.

La mezcla de desconocimiento y desafección creciente hacia la UE contrasta con la realidad. En el día a día nos beneficiamos del estatuto que comporta la ciudadanía europea, aunque no seamos conscientes de su origen ni de su valor. Más de 14 millones de europeos ejercen ya a su derecho a residir libremente en otro territorio de la Unión distinto al de su país de origen. Esto implica no sólo la posibilidad de establecerse permanentemente junto a su familia en cualquiera de los restantes Estados, sino la de buscar empleo, trabajar o estudiar en las mismas condiciones que los nacionales del país receptor.

Esta movilidad interior impulsa el crecimiento económico y social, por más que los partidarios de la renacionalización sostengan lo contrario. Las expulsiones masivas sufridas por búlgaros y rumanos de etnia gitana en Francia e Italia, a las que se suma la propuesta de los conservadores británicos de fijar un cupo anual para trabajadores europeos, y la sorprendente noticia de que Malta podría poner a la venta sus pasaportes, que dan acceso a la ciudadanía europea, por 650.000 euros choca con los datos que demuestran que estos ciudadanos europeos emigrantes son contribuyentes netos de los sistemas sociales de los países de acogida, además de presentar menores niveles de desempleo y dependencia de los servicios públicos que los propios nacionales.

Con frecuencia quienes vivimos en democracias, por imperfectas que sean, tendemos a considerar definitivos los derechos adquiridos o, lo que es peor, a ignorarlos. Algo falla cuando los ciudadanos europeos vivimos con indiferencia nuestro año, mientras que en Ucrania miles de manifestantes luchan por acercarse a la misma Unión Europea que nosotros desdeñamos.

Tampoco parece que los europeos apreciemos la ventaja que supone disponer de la asistencia diplomática y consular de cualquiera de nuestros socios cuando nos hallamos en un tercer país en el que el nuestro no esté representado. Y menos aún lo que supone para una ciudadanía activa poder participar en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que residimos, en donde podemos votar y ser elegidos.

Dentro de cinco meses tenemos la oportunidad de ejercer ese derecho de voto en las elecciones europeas del 22 y el 25 de mayo. Esos días se elegirá a los 750 diputados que representarán a los ciudadanos de los 28 países durante una legislatura de cinco años, hasta 2019. En aplicación del Tratado de Lisboa, por primera vez este próximo Parlamento podrá nombrar al presidente de la Comisión Europea en función de los resultados. Cada grupo político presentará un programa continental y un candidato preciso. Ya se conocen algunos: el alemán Martin Schulz encabezará las listas socialdemócratas y el griego Alexis Tsipras las de la Izquierda. Frente a la desesperanza por la crisis, Europa es un polo de seguridad. Y de derechos, aunque avancen muy lentamente.