
La aldaba
Carlos Navarro Antolín
¡A sacar tajada de la religiosidad popular!
La tribuna
EL Gobierno de España acaba de presentar su anteproyecto de reforma de la ley del aborto. A la espera de conocer el texto definitivo, éste vuelve a un escenario de supuestos en los cuales se despenaliza el aborto, eliminando el supuesto de anomalías fetales.
Esta ley asume una determinada visión ética y de valor del producto de la concepción. Es una visión estática que equipara el valor del principio y del final de la gestación. El óvulo fecundado y el recién nacido tendrían la misma dignidad y valor y serían por tanto merecedores de la misma protección. La ley del 2010 asumía una visión gradualista del valor del producto de la concepción, acorde con una visión progresiva, evolutiva y emergente del desarrollo embrionario y fetal. El individuo se iría constituyendo poco a poco, emergiendo como ser humano progresivamente, adquiriendo cualidades emergentes que no existían al principio. En un proceso que iría desde la materia viva al ser humano constituido.
La primera visión, perfectamente legítima como principio moral personal y privado, no constituye una verdad científica, antropológica o filosófica incuestionable o aceptada racionalmente y públicamente por la mayoría. En cierto modo es también una visión de la realidad contraintuitiva y minoritaria en la comunidad bioética. La segunda visión, la gradualista, es tan antigua como Aristóteles y fue asumida por doctores de la Iglesia como Tomás de Aquino. Ambas visiones interpretan y dan valor a hechos biológicos desde contextos sociales, normativos, sociológicos, ideológicos o filosóficos. Carecemos de certezas en esta cuestión, pero no todos los argumentos son igual de sólidos ni su aplicación tiene las mismas consecuencias.
Sin embargo, la ley no agota la ética, simplemente busca vías de solución a los conflictos existentes en las sociedades. Según el mismo Tomás de Aquino, la ley debe buscar el bien de la república, no "salvar el alma" de los ciudadanos. En este sentido la confusión entre pecado, inmoralidad y delito parece anidar en el trasfondo de esta ley. Ni todo lo inmoral ha de ser prohibido, ni todo lo prohibido es necesariamente inmoral. Principios morales privados en los que cabe la duda razonable y sólidamente argumentada no pueden imponerse como principios éticos públicos y universales asumibles por todos. Desde una concepción particular y privada de la vida humana no puede imponerse una limitación universal a la autonomía moral de las mujeres.
La confusión argumental se incrementa lastimosamente cuando se elimina el supuesto de malformaciones graves o anomalías incompatibles con la vida equiparándolo al concepto de discapacidad. Con la supuesta intención de proteger a los discapacitados, podría darse el caso de que mujeres embarazadas de fetos con problemas absolutos de viabilidad o carentes de cualquier proyecto de humanidad -el caso por ejemplo, de los fetos anencefálicos, sin cerebro-, tuvieran que llevar su embarazo a término. Salvo que esta situación les provocara un grave riesgo físico o psíquico. Todo esto resulta de una irresponsabilidad y una crueldad extrema. Además la discapacidad es un concepto que alude a un hándicap con respecto a un medio ambiente dado, no es una realidad valorable en abstracto en un medio como el seno materno, sino sólo en un contexto donde esa alteración se convierta en una desventaja.
La falta de consistencia y el fariseísmo de esta presunta defensa de los discapacitados se acentúa cuando al mismo tiempo se reducen de manera drástica las ayudas a la dependencia y otras prestaciones sociales y sanitarias.
La ley del aborto ideal sería aquello que armonizara la máxima autonomía moral de las mujeres con la mayor protección del embrión y el feto. Leyes más restrictivas no significan necesariamente menos abortos, sino peores condiciones sanitarias y "turismo sanitario" indigno a países del entorno. La reducción del número de los mismos depende de muchos factores: sociales, personales, éticos, económicos… Países con leyes muy poco restrictivas y con visiones muy liberales de la sexualidad y la vida, presentan tasas muy bajas porque hacen hincapié en la educación afectivo-sexual, el acceso universal a métodos anticonceptivos y medidas de apoyo social a la maternidad, a las familias, de estabilidad laboral, etc. Medidas dependientes de un gasto social cada vez más menguante en nuestro país. Desgraciadamente, imposición de principios morales privados y desigualdad económica y social creciente van de la mano en la España de nuestros días.
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