¿Acusarán los béticos a Lopera si no lo hace la Fiscalía?

CUANDO la juez Mercedes Alaya dictó el auto de medidas cautelares que daba paso a la intervención del Betis en julio de 2010, la acusación particular, formada por Béticos por el Villamarín (BxV), Por Nuestro Betis (PNB) y Liga de Juristas (LJ), no daba crédito al mismo ya que el día anterior en la vistilla sólo PNB, en su modestia, había dado el paso al frente al inquirir, que no solicitar, la magistrada por una posible caución (fianza).

Conviene recordar aquel detalle porque ya no es ni necesario hablar con la defensa de Manuel Ruiz de Lopera para que cualquier abogado haga patente que se antoja muy complicado que el Ministerio Fiscal ejerza la acusación contra el máximo accionista del Betis una vez finalice la instrucción del caso. Y a ésta le quedan dos pelados.

Hoy está llamado a declarar Ángel Martín, uno de los últimos imputados, y en un mes aproximadamente Alaya, si no acepta la propuesta de sobreseimiento de la defensa, dictará su resolución: un auto de procesamiento o un auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado. Ambos irían a la Sección Primera de la Audiencia Provincial y, aun con los previsibles recursos, la instrucción quedaría finiquitada en primavera. Es decir, Alaya perdería en ese instante la competencia sobre el caso.

Y sería entonces cuando cobraría relevancia la anécdota de la caución del verano de 2010. ¿Acusaría alguna de las tres asociaciones de béticos sin ir de la mano del Ministerio Fiscal? Porque la idea de Margarita Viera, hoy, es no acusar y solicitar el levantamiento de las medidas cautelares.

Con el único sostén de la prueba pericial practicada, BxV, PNB y LJ se meterían en un juicio cuyas costas, de perderlo, podrían rondar los 3 millones de euros, a decir de los más avezados. Y hay que preguntarse si se atreverán cuando hace cuatro años no dieron el paso adelante sin hablarse siquiera de cantidad alguna.