Andalucía, sin autogobierno

ESCRIBÍ hace dos meses, en este lugar, que el llamado "decreto antidesahucios", publicitado a bombo y platillo por la Junta, había sido como parir un ratón: se utilizaban en él grandes conceptos como expropiación, función social de la vivienda y otros -para que se notara el "perfume de izquierda", que diría Diego Valderas- mientras que se quedaba prácticamente en casi nada en cuanto a sus resultados tangibles. En efecto, tras tres meses de vigencia sólo ha afectado a doce casos (o, a lo más, a dieciocho) cuando son varios miles de familias las que se encuentran gravemente amenazadas de perder sus casas.

Pues ni aun con sus más que limitados efectos, el decreto ha podido seguir adelante, ya que el Gobierno del Estado ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional lo ha suspendido de inmediato. Habría que preguntarse si esto ocurre sólo porque el bipartidismo obliga a que PP y PSOE siempre estén a la gresca -a pesar de que sean muy pequeñas las diferencias entre ambos en las cuestiones políticas fundamentales- o si es que la "autonomía" que tiene realmente Andalucía no permite realizar políticas propias, sean éstas las que fueren.

Como no podía menos de esperarse, Izquierda Unida y PSOE han emprendido una campaña de pronunciamientos institucionales e incluso de concentraciones contra el gobierno "de la derecha". Susana Díaz, la designada candidata a presidenta de la Junta tras el chusco espectáculo de lo que en su partido llaman primarias, está exigiendo al PP que explique "qué pactó con la banca y por qué se pone al lado del sistema financiero". Parece haber olvidado que fue precisamente el PSOE, hace poco más de año y medio, el que pactó con los populares, en la famosa cena de Zapatero y Rajoy, el cambio constitucional que ponía los intereses de la banca por delante de las pensiones, de la sanidad, de la educación, de la vivienda y de todo lo demás, al establecer el pago de la "deuda" como prioridad absoluta. ¿Ya no se acuerda?

Y puede que no cínica, pero sí claramente inconsistente, es la posición de IU. Su nuevo coordinador general llama a "rebelarse" y a defender la "capacidad" de Andalucía para "hacer normas a favor de las personas". Dos objetivos que podrían compartirse… si se plantearan en serio. Me temo que no es así, porque se parte de la afirmación de que la autonomía andaluza posee esa capacidad, cosa que está lejos de ser cierto. Ese es, precisamente, el problema que no ve IU, o no le interesa ver: que esta "autonomía", de la que su partido se muestra tan orgulloso y abanderado, carece de competencias para elaborar leyes y normas que puedan transformar de forma significativa nuestra realidad económica, social y política.

Es ya hora de decir con claridad que el Estatuto de Autonomía que acordaron PSOE-UCD-PCE-PA, aprobado en 1981, constituyó una enorme estafa al pueblo andaluz porque no respondía al autogobierno que éste reivindicó el 4 de diciembre en las calles y el 28 de febrero en las urnas, sino al objetivo de crear una administración sin apenas poder político real, es decir, sin competencias para cambiar nada importante aunque sí para crear muchos cargos donde colocar a quienes aspiraban a hacer carrera política dentro de esos partidos. Y su reforma, en 2006, tampoco fue un paso adelante sino todo lo contrario, al declarar "superados", sin estar resueltos, muchos de los problemas seculares de nuestra tierra.

Así, ni fue posible la tímida reforma agraria que planteara en su época el presidente Escuredo, ni el Guadalquivir es hoy, a efectos legales, un río andaluz, ni el Gobierno de la Junta tiene nada que decir (caso de que quisiera decir algo) sobre las bases extranjeras en nuestro territorio o sobre la ordenación de nuestras costas, o sobre… Y es que, además de que quienes han gobernado Andalucía durante más de tres décadas no han tenido voluntad política alguna de defender los intereses andaluces, si hubieran querido hacerlo apenas hubieran podido avanzar en ello dentro del marco político-jurídico actual.

Una consecuencia salta a la vista y podría ser la prueba sobre la sinceridad o no de IU cuando llama a la "rebelión": la necesidad de que, si queremos realmente decidir en qué Andalucía deseamos que vivan nuestros hijos o nietos, hemos de superar el marco que nos impide tener verdadera capacidad de autogobierno. Es ilusorio pensar que en el actual sea posible otro futuro muy distinto al penoso presente. Y ello, gobiernen quienes gobiernen en la Junta y en Madrid. Objetivo prioritario habría de ser, por consiguiente, avanzar como pueblo en la construcción de otra estructura política en la que el futuro de Andalucía pueda estar en manos de los andaluces. Sin ello, sin un poder andaluz, la Andalucía Libre por la que luchó y murió Blas Infante seguirá siendo una quimera o, lo que es peor, una invocación ritual vaciada de contenido.