R egeneración democrática

LA crisis política derivada del caso Bárcenas es muy preocupante porque, de ser cierto lo que se deriva de los documentos publicados por El País, no se trataría de un caso más de corrupción (y ya son demasiados), sino que afectaría a la cúpula del Partido Popular, incluido su presidente, por aceptar donaciones no permitidas y recibir pagos casi regulares que no habrían sido declarados a Hacienda.

La explicación ofrecida por Mariano Rajoy no ha sido todo lo convincente que él hubiese deseado. Prueba de ello es la muy mayoritaria opinión de incredulidad de los españoles (expresada en encuestas y en las redes sociales), la caída en la intención de voto al Partido Popular, la opinión pública internacional (expresada a través de informaciones y editoriales de los más influyentes diarios del mundo) y el comportamiento negativo de los mercados financieros desde la aparición de la información. Pero también algunos analistas no creen en la veracidad de los documentos, incluso apuntan a un montaje.

Lo cierto es que la situación se está deteriorando cada día que pasa. Se están cuestionando las previsiones más optimistas de inicio de la recuperación económica en el segundo semestre del año, el clima político es cada vez menos propicio para hacer frente a la crisis y la indignación ciudadana puede conducir a convulsiones sociales con dinámicas impredecibles. En consecuencia, es imprescindible que la investigación y el proceso judicial no se demoren, pues el riesgo de degradación de la situación política, económica y social es realmente grave.

Pero mal haríamos si nos limitamos a investigar y juzgar a los presuntos corruptos, pues la corrupción no es un problema de sinvergüenzas, sino de un sistema político que lo permite, e incluso lo incentiva. Los españoles no tenemos ninguna singularidad genética, geográfica, climática o cultural que determine la mayor frecuencia de los casos de corrupción política que en nuestro entorno, sino que, como analizan Acemoglu y Robinson en su reciente y revelador libro Por qué fracasan los países, son las instituciones de los países las que explican su desenvolvimiento. Y en el caso español dos de esas instituciones claves son los partidos políticos y el sistema electoral. Partidos políticos bastante opacos, no muy democráticos en su funcionamiento interno, con un control externo mínimo y retrasado en el tiempo, y que extienden su influencia a otras muchas instituciones sociales de relevancia en las que la independencia y capacidad profesional deberían determinar la selección de sus miembros.

Por su parte, el sistema electoral, con listas cerradas y bloqueadas, ha consagrado la partidocracia al entregar a los aparatos de los partidos la confección de las listas electorales, a las que se accede más por influencia orgánica y fidelidad que por capacidad, además de propiciar un mercado político con altas barreras de entrada para nuevas formaciones.

Ambas instituciones, unidas al extraordinario desarrollo de las administraciones públicas y a la creación de miles de empresas públicas, consejos, institutos, agencias y otros organismos públicos ocupados por políticos, han creado una clase política profesional hipertrofiada, donde el clientelismo y la opacidad de funcionamiento son el caldo de cultivo para el despilfarro y la corrupción.

Por tanto, las acciones que proceden en el momento presente no sólo han de hacer frente a los problemas de corrupción sobrevenidos, sino que lo más importante es abordar la regeneración de la democracia española. Ello exigirá algunas iniciativas legislativas imprescindibles, entre las que se encuentran:

a) Reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002, en la que se fijen con toda claridad los principios democráticos de su funcionamiento, las fuentes y formas de financiación, la obligación de transparencia y un sistema de control externo más ágil y eficaz que el desempeñado por el Tribunal de Cuentas.

b) Ley de Transparencia de las administraciones públicas de acuerdo con los mejores estándares de los países de nuestro entorno.

c) Nueva ley electoral basada en la elección directa de los representantes públicos y en la facilidad de seguimiento y control por parte de los electores. Ningún sistema electoral es perfecto, pero teniendo en cuenta la experiencia internacional y nuestra historia reciente, tal vez lo más conveniente pudiera ser la elección de un diputado por distrito, definido éste por un volumen de población determinado.

La historia nos demuestra que la calidad de las instituciones es determinante para el progreso de las naciones, y que los cambios significativos de las instituciones son improbables y están vinculados a momentos críticos en su historia. Estamos en un momento crítico, y debemos aprovechar la ocasión para refundar nuestra democracia. Y para que el proceso se produzca sin sobresaltos necesitamos el concurso de los partidos políticos mayoritarios, a los que debemos exigir que actúen con la altura de miras que un momento como el presente requiere.