¿Qué será de nuestros archivos?

Afinales de enero de 2013, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que avala la restitución de documentos incautados durante la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña. El litigio viene de lejos, cuando el Ayuntamiento de Salamanca presentó un recurso ante la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad de la orden del Ministerio de Cultura que, de madrugada, sacó los papeles reclamados para enviarlos hacia Cataluña. En el año 2008, la Audiencia falló en contra de los deseos del Consistorio salmantino y éste, a su vez, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por su parte, la Junta de Castilla y León presentó un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos de la Ley 21/2005 de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Con el fallo del Constitucional, el asunto está cerrado: la restitución fue correcta y legal.

Que ha mediado la política a lo largo de la querella resulta evidente. Entre los que se mostraban en contra de la Ley 21/2005 se contaban administraciones gobernadas por el PP. Los que la defendían estaban alineados con el difuso universo progresista generado en torno a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras todo el juego se encontraba un fugaz pacto político de Esquerra Republicana de Catalunya con el PSOE de aquel entonces. Más allá de la esfera política, la querella se apoderó de sectores de la sociedad y alcanzó al gremio de los historiadores. Quien criticase la medida corría el riesgo de ser sospechoso de reaccionarismo (aunque no lo practicara); por el contrario, quien apoyase dicha ley era bendecido con el oportuno pedigrí progresista (por más que estuviera bastante lejos de serlo).

Las polémicas se reavivaron con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura (más conocida "ley de la memoria histórica"). Tras ello, el rango de reclamantes de documentos se fue ampliando a particulares y entidades, a través de una interpretación muy generosa de la Ley 21/2005. El resultado: se ha ido produciendo una filtración progresiva de documentos originales del archivo salmantino, aún no concluida porque las reclamaciones no han cesado, ni es previsible que lo hagan. Ciudadanos españoles con residencia en Cataluña han recuperado sus documentos, aunque -eso sí- el Departamento de Cultura de la Generalitat recomendaba que dichos fondos privados fuesen depositados en el Arxiu Nacional de Catalunya para garantizar su conservación y consulta. El pecado original del expolio, al parecer, desaparecía con el traslado de un archivo a otro.

Hace pocos días, el profesor Julián Casanova se lamentaba en El País de la oportunidad que hemos desaprovechado para crear "un archivo de la historia y de la memoria de la guerra civil y de la dictadura". No le falta razón, aunque hay que reconocer que desde la Ley 21/2005 hasta la reciente decisión del Tribunal Constitucional, ese objetivo se antoja bastante inalcanzable. La obsesión fetichista por la posesión física del documento se ha superpuesto a los intereses de la investigación, despreciando el incremento de gastos derivado de la conservación dispersa de notables volúmenes de documentación.

No resulta difícil imaginar que cierto número de particulares, ayuntamientos y otras comunidades autónomas puedan exigir los mismos beneficios que, coyuntural y excepcionalmente, se cedieron a la Generalitat. Todo esto con una autodeterminación en el horizonte, amamantada por el reconocimiento de relaciones bilaterales entre el Estado y una de sus autonomías. Los lodos siempre tienen sus polvos. De poco sirve lamentarse ahora cuando antes se aplaudía el fuego.

El futuro tal vez convierta los archivos en grandes repositorios digitales. Obviamente, eso no ahorrará los crecidos gastos de conservación de los documentos originales centrifugados por todo el país pero, al menos, dispondremos de un centro coordinado que digitalice y publique en red. Quizás esto suene a sofisticación tecnológica cuando todavía hoy, en los archivos dependientes de Cultura, los investigadores están obligados a solicitar reproducciones porque está prohibido hacer fotografías de los documentos consultados. Raro país de aún más extrañas regiones y nacionalidades.