Catastrófica justicia

NO resulta fácil encontrar una palabra menos alarmista para describir el estado de la Administración de Justicia. Quien se haya visto expuesto a los procedimientos y a los tiempos de los juicios, los habrá padecido en primera persona. Quien no lo haya hecho, la prensa de los últimos días aporta abundante material para hacerse una idea de la monumental ineficiencia de funcionamiento de esta importante institución de las sociedades modernas.

Diez años después del hundimiento del Prestige -la mayor catástrofe ecológica de nuestro país- ha comenzado el juicio con la comparecencia de los acusados. El caso acumula la astronómica cifra de 230.000 folios. No se sabe cuándo acabará. Los procedimientos judiciales en España son tan débiles y expuestos a tantas vicisitudes, que cualquier pequeño detalle puede retrasarlos. Un abogado de oficio del proceso ha amenazado con abandonar el caso. Si se incorpora uno nuevo, el juez tendrá que conceder tiempo al pobre para que se lea las montañas de folios del caso.

Los días pasados, le han sido embargadas numerosas fincas y otras pertenencias a Pedro Román, quien fuera concejal del Ayuntamiento de Marbella durante la sátrapa gestión de Jesús Gil entre los años 1991 y 1999. Es decir, hechos ocurridos desde hace 14 hasta hace 22 años.

Adicionalmente, se siguen imputando a acusados por el caso del saqueo del ayuntamiento de Estepona durante la época de Barrientos. Los hechos sucedieron hace cinco años.

Los principales acusados del caso Mercasevilla todavía no han sido llamados a declarar, tres años después de que se iniciara la investigación. El caso es llevado por la misma juez que el de los ERE (expediente de regulación de empleo) dirigidos desde la Consejería de Empleo, que acumula más de 23.000 folios. Todo se encuentra paralizado debido a la baja por enfermedad de la jueza de los casos, siendo en este caso más comprensible.

En un monumental trabajo llevado a cabo hace unos años por Andrei Shleifer, de la Universidad de Harvard, y otros colaboradores, se hacía una comparación de la eficiencia de las administraciones de Justicia de más de 50 países del mundo. España aparece en los últimos lugares, por detrás de países tan atrasados como Marruecos o Filipinas. Podemos tener una de las constituciones más avanzadas del mundo, pero fallan muchas cosas por debajo que son las que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Un sistema extremadamente garantista con los derechos de los ciudadanos, una gran proliferación de normas que, en muchos casos, no son coherentes entre sí, y unos procedimientos basados en leyes de enjuiciamiento (civil, penal) que tienen un siglo de existencia, aún cuando hayan sufrido reformas.

¿Por qué no se mejora todo este estado de cosas? En 1999 la Comisión Nacional de la Competencia publicó un estudio para mejorar la eficiencia de funcionamiento. Pero las presiones de colegios de procuradores y abogados a los congresistas detuvo el intento. No hay que olvidar que somos el país del mundo con más abogados por habitante y que los procuradores no existen en los países de nuestro entorno.

Demasiados intereses particulares que ningún gobierno de la democracia parece que haya querido afectar. Tampoco el actual. La subida de tasas es una cortina de humo para evitar atacar otros problemas e intereses.