¿Empleados públicos despedidos?

Acuenta del inesperado clima de lealtad institucional entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación, la primera ha conseguido un respiro financiero acogiéndose al rescate del FLA y beneficiándose de una capacidad de endeudamiento del 15% del PIB, como la que disponía antes de la rebaja de julio.

Pero respiro no quiere decir exactamente desahogo y vuelta a una normalidad que quizás no regrese más. Dejando aparte por ahora el detalle de que el rescate no es sino un préstamo en buenas condiciones que hay que devolver, aunque sea en doce años, conviene no olvidar lo sustancial: los presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza para 2013 seguirán siendo restrictivos, muy restrictivos. Lo contrario de alegres, desenfadados y gastosos.

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, avisó ayer de lo que viene inexorablemente, y lo que viene es una reestructuración de las empresas públicas en las que trabajan actualmente más de veinte mil empleados no funcionarios. Más bien quemada por las tensiones que vivió con la reordenación del sector público de la anterior legislatura, Aguayo no ha querido hablar sobre el contenido concreto de dicha reestructuración, que ha endosado a los propios gestores de las numerosas empresas creadas por la Junta durante los años de bonanza. El caso es, sin embargo, que le toca a ella la responsabilidad de liderar el proceso, dar directrices y marcar pautas. No tiene escapatoria.

Criterios ha de haber. Por un lado, habrá que distinguir entre empresas necesarias y empresas útiles pero prescindibles en el contexto actual, además de las que ya eran superfluas en el momento mismo de su constitución. Por otro, empresas que han adquirido una dimensión notable ahora, por exigencias del mercado en el que se inserta su actividad, deberán encogerse. En tercer lugar, en algunas compañías será preciso optar entre la disminución de plantilla o la reducción de jornada y salario de sus trabajadores y la más traumática liquidación por el cese de las funciones encomendadas.

Y todo eso se ha de hacer en difícil negociación con los sindicatos, cuyo planteamiento reivindicativo de máximos es de sobras conocido: ni un solo despido. En lo cual disponen del previo respaldo incondicional de una parte del Gobierno andaluz que ha de administrar la purga. Una parte no desdeñable ni marginal, puesto que la encabeza su número dos. Diego Valderas, vicepresidente y coordinador regional de Izquierda Unida, ha advertido que a lo peor hay que cerrar empresas públicas, sí, pero sin despidos. Sería un milagro.

La Administración central y los ayuntamientos están perdiendo grasa. No creo que las comunidades autónomas puedan seguir como si nada. Y las que piden el rescate, menos. Imposible.