Campos de concentración en Europa

EN un artículo publicado hace pocos días en El País, Soledad Gallego-Díaz escribía que uno de los argumentos más utilizados por la derecha es que la mejor manera de que no haya racismo es echar a los negros. Y añadía que la izquierda ha descubierto esta idea y empieza a utilizarla "con la desvergüenza de pretender presentarla como un avance en defensa de los derechos de los inmigrantes irregulares".

Estoy plenamente de acuerdo con ella. Hasta ahora, en España, los actuales Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) venían siendo denunciados por sus condiciones infrahumanas y, sobre todo, por ser incompatibles con el Estado de Derecho: en ellos, personas que no han cometido delito alguno sino sólo una falta administrativa (la de carecer de documentos en regla) se encuentran "retenidos" -una figura inexistente legalmente- hasta cuarenta días para proceder a su repatriación.

La Directiva sobre el Retorno, que intenta establecer una política común de los 27 estados de la UE y que se aprobará pronto, una vez superadas algunas dificultades que impidieron hacerlo la primera vez, posibilita la ampliación hasta año y medio del límite temporal de esas "retenciones" y las extiende a los menores de edad. Incluso antes de aprobarse, ya ha declarado aquí Rubalcaba que el Gobierno español va a ampliar (¿en una primera fase?) un 50% los días de retención. Volverán, pues, en todo el territorio de la UE, los campos de concentración, ahora para almacenar a todos aquellos inmigrantes que los estados europeos se nieguen a regularizar y sea complicado expulsarlos rápidamente a sus lugares de origen.

Al eliminar la citada directiva la exigencia de resolución judicial para las órdenes de expulsión, bastará para ello una simple decisión administrativa (policial), con lo que se sitúa el tema de la "lucha contra la inmigración ilegal" en el mismo ámbito que la "lucha contra el terrorismo internacional": en una dimensión donde las garantías jurídicas son inexistentes y caben Guantánamos donde se tortura a prisioneros contra los que no existen acusaciones concretas y campos de concentración donde miles de hombres, mujeres y niños, sin haber cometido delito alguno, van a ser "presionados psicológicamente" para que colaboren en su propia expulsión, tal como ha manifestado el portavoz del PP Europeo, Manfred Webber.

Esta ignominia, perpetrada por quienes siguen hablando de Europa como bastión de las libertades y de la democracia, e incluso crean Ministerios para la Igualdad, es considerada imprescindible para defender la fortaleza europea de lo que denominan avalancha exterior y para prevenir el avance de la ultraderecha, aunque sea por el procedimiento de hacerla innecesaria asumiendo sus postulados más duros. Está siendo asumida como política común por países tanto con gobiernos de derecha como de izquierda (?) y, entre nosotros, parece que va a constituir parte esencial de las políticas de Estado en que van a converger PSOE y PP.

Todo este retroceso de derechos se produce coincidiendo con la crisis alimentaria que asola a decenas de países africanos, asiáticos y latinoamericanos, debida al espectacular alza de precios de los productos básicos del que son principales responsables la destrucción de las economías locales por la invasión de productos subvencionados por los países del Norte y la dedicación de buena parte de esos alimentos, como soja, maíz y otros, a fabricar biocombustibles que son más baratos que el petróleo. Si, como ha declarado el propio presidente del Banco Mundial, los altos precios van a mantenerse al menos hasta el 2015, no es aventurado prever una acentuación de las hambrunas y, como consecuencia, de las migraciones por razones de supervivencia. Pero como muchos de esos migrantes forzados "no nos hacen falta", sobre todo en época de desaceleración económica, Europa se prepara para impedir su entrada y para expulsar sin contemplaciones a quienes logren superar la creciente militarización de sus fronteras.

Sin embargo, mientras no se den las condiciones para que miles de millones de seres humanos que ahora no lo tienen puedan ejercer el derecho a no emigrar -y ello es incompatible con el avance de la globalización mercantilista y con el orden mundial actual- no existe legitimidad ética para oponerse a que sean ciudadanos en el Norte aquellos a quienes obligamos a dejar el Sur, pero luego no admitimos ni regularizamos. En cualquier caso, ningún ser humano, en ninguna circunstancia, puede ser despojado de ninguno de sus derechos como tal ser humano. Este es el consenso básico que debemos exigir a todos los gobiernos y actores sociales. Fuera de él, todo es ignominia.