Preferentes con estafa

Sevilla/LA Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada y titular de prestigio indudable (Jesús García Calderón), ha encontrado indicios de un delito de estafa en el caso de las llamadas participaciones preferentes, y con ello las víctimas de estas prácticas bancarias han encontrado a su vez indicios de que su desespero puede empezar a disolverse.

Más de sesenta mil andaluces, una décima parte de los afectados en toda España, han sido víctimas de "una práctica abusiva, expresamente prohibida y contraria al ordenamiento jurídico", según ha expresado el fiscal jefe andaluz tras haber examinado las quejas que le transmitió el Defensor del Pueblo de esta comunidad autónoma y que reflejan el drama que están viviendo los que se han quejado, y casi todos los demás.

Digo "casi todos" porque un número indeterminado de quienes suscribieron esas acciones preferentes seguro que eran conscientes del riesgo que corrían al hacerlo. Pero más seguro aún es que otros muchos, que yo creo que son mayoría (¿o no conoce el lector a alguien en su entorno al que le haya pasado esto?), desconocían, por su propio perfil, de qué manera estaban comprometiendo sus ahorros en una inversión aparentemente rentable, pero peligrosa. La mayoría a la que me refiero ignoraban los intríngulis del mundo financiero y el carácter azaroso de las acciones preferentes. Sencillamente, confiaban en las promesas de los directores de su sucursal de toda la vida, que a su vez eran conminados por sus superiores a ofrecer el producto a cuanta más gente mejor. Leer la letra pequeña de los contratos correspondientes era, y es, sumamente complicado. Por eso mismo, porque la letra es pequeña y por la confianza depositada durante años en la persona que gestionaba la oferta.

En conclusión, haber vendido estos activos financieros complejos y de alto riesgo podría constituir un delito de estafa. En todo caso, constituye un ejemplo más de la forma en que los bancos abusan de su posición de dominio con respecto a la clientela y una palpable demostración de que quizás la regulación del sector financiero no sea exhaustiva, pero que la supervisión de la autoridad sobre sus actividades y prácticas deja, desde luego, mucho que desear. Es por eso por lo que el fiscal García Calderón invita a los perjudicados a acudir a los juzgados y audiencias provinciales para que les amparen en su exigencia de devolución de las cantidades invertidas más la indemnización pertinente por daños y perjuicios.

De modo que se enciende una luz para miles de ahorradores modestos que, eso sí, ya no confiarán jamás en su banco. Ni aunque el director de su sucursal de toda la vida se lo jure por lo más sagrado.