La leyenda del funcionario bebedor (de café)

EN el, de momento, último paquete de ajustes, brilla por su simplicidad una medida fácil: los funcionarios no cobrarán este año la paga extra de Navidad. Mejor para la salud, dirán algunos, porque ese dinero iba derechito al hígado en forma de alcohol y grasas. Mejor para la tesorería, pensarán, sin confesarlo, los gestores de los dineros de las comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, que se ahorrarán en un mes tan comprometido como diciembre un montón de millones de euros y, para redondear la buena nueva, le pueden echar la culpa al Gobierno de Madrid. Que se jodan, sentenciarán otros, utilizando el contundente castellano que alguna diputada ha dejado oír a los muros del hemiciclo (¿no son representantes del pueblo? Pues hala, a hablar como el pueblo, que ya se sabe que es soez y deslenguado).

De los funcionarios casi todo el mundo habla, y la mayoría, de oídas: que si en España hay más funcionarios que en ninguna parte del mundo, que si los funcionarios cobran un montón de dinero, que si no trabajan, que son unos inútiles, y, en fin, que ya va siendo hora de que se les acabe la sopa boba (ay, Larra, Larra, vaya navajazo nos diste). Ya lo dijo el secretario de Estado, del que no conocemos otros méritos que su verbo brillante: hay que olvidarse de los cafés y del periódico… Pero a la inconsistencia de los argumentos es preciso oponer la realidad de los datos, y también la realidad de las demandas sociales. Vayamos por partes.

España es el 5º país de la Unión Europea por población. Proporcionadamente, también es el 5º en número absoluto de funcionarios. Pero si atendemos a la ratio, es decir, al número de funcionarios por habitante, encontraremos que en España la proporción es de 6,5 funcionarios por cada 100 habitantes, lo que nos proporciona un puesto en la mitad de la tabla de 27 países. En términos de población activa suponen el 13% sobre el conjunto de la misma. El gasto que producen es cercano al 12% del PIB. Dichos así, estos datos no significan nada, pero si nos comparamos con nuestros vecinos del norte, que digamos que, en términos generales, viven un poco mejor que nosotros, veremos que en Francia hay 10,6 funcionarios por cada 100 habitantes, que suponen un 13,5 % de la población activa, y un 13% de gasto en el PIB. Hasta aquí, todo parece coherente, y en nada exagerado el número de funcionarios españoles.

Levantando un poco la vista, y mirando los extremos de las tablas estadísticas, comprobaremos que países a los que envidiamos en secreto nos duplican en numero de funcionarios por habitante (Dinamarca, Suecia o Finlandia, que pasan del 20% de funcionarios sobre la población activa), mientras que los europeos intervenidos (Irlanda, Grecia, Portugal...), estaban todos bastante por debajo de la ratio media europea antes de la intervención. Para quienes estén interesados, internet ofrece datos y valoraciones de todos los colores, desde la OIT y Eurostat a las patronales y los sindicatos.

Por cierto que la patronal española llegó a afirmar que en España sobraban 900.000 funcionarios, que es más o menos el número en que estimaban que habían crecido las plantillas indebidamente en las comunidades, pues éstas no se conformaron con los funcionarios que les vinieron junto con las transferencias de funciones y competencias. Olvidaban los empresarios no sólo el crecimiento de población, sino también que esa población demanda unos servicios, eso que llamamos estado del bienestar, que no existía en la dictadura, y que hoy ha crecido y sirve a los ciudadanos.

Si lo pensamos un poco, las reivindicaciones de la gente coinciden exactamente con el desarrollo de unas políticas públicas que pongan en marcha los derechos constitucionales, que no de otra cosa se trata en el servicio público. Por eso, la cuestión no está, ni mucho menos, en exterminarlo, sino en mejorar. Veamos otra vez los datos.

Aparte de la preocupación que para los españoles suponen el paro, los políticos, la corrupción y los bancos, aparecen en el ranking de problemas recogidos en las encuestas del CIS la seguridad ciudadana, la salud, las oportunidades de los jóvenes, la justicia… Todo el mundo quiere más policías, más médicos, más jueces, mejor enseñanza. Y no es por casualidad que en esos países que nos sirven de ejemplo en cuanto a bienestar social, el número de funcionarios sea mayor. La conclusión de ese silogismo podría ser que la reducción de funcionarios conduce a una pérdida de calidad de vida de los ciudadanos, y a un incremento en las preocupaciones por el cumplimiento de los derechos que nuestra democracia y nuestra Constitución reconocen a todos.

No sé qué argumentos maneja el Gobierno frente a los otros gobiernos con los que mercadea en Europa por cuenta de Bankia. Cuando se humilla, se machaca y se desprecia a los funcionarios, que son policías, enfermeras, bomberos, jueces, enseñantes y tantos otros, se están machacando y despreciando los derechos de todos. Y quizá abriendo paso a que la democracia que soñamos se convierta en una sombra.