Negociando el recorte

NO da la impresión de que se estén produciendo avances entre el Gobierno andaluz y los sindicatos representativos de los funcionarios y empleados públicos sobre los recortes salariales previstos en el plan de ajuste planteado por la Junta y avalado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mientras numerosos colectivos funcionariales protagonizan constantes acciones de protesta y las centrales sindicales y organizaciones profesionales rivalizan por rentabilizar unas negociaciones que se mantienen medio secretas y cuyo grado de efectividad se desconoce. El caso es que el plazo que se concedió el Ejecutivo autonómico por iniciativa de Izquierda Unida, cuyas bases se mostraron remisas a aceptar el ajuste tal como salió de la Consejería de Hacienda, en manos del PSOE, va transcurriendo y, en todo caso, tiene fecha de caducidad, ya que es impensable que se prorrogue más allá de mediados de junio, cuando han de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado. Por otro lado, resulta perfectamente comprensible la dificultad de progresar en la búsqueda de este acuerdo Junta-funcionarios, porque las cifras no cuadran. La coalición que cogobierna con los socialistas considera imprescindible que el recorte no afecte a la nómina de los escalafones inferiores de la Administración regional, concretados en los mileuristas. Para compensar la disminución del ahorro en personal de esta línea roja, IU propone eliminar los pluses que perciben los cargos de libre designación. Pero, aparte de que esta eliminación no dejará de ser un elemento disuasorio para la incorporación a la Junta de profesionales cualificados, es seguro que las cantidades no gastadas en esta partida serán bastante inferiores a las que serán precisas para conservar las retribuciones de los empleados mileuristas. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha advertido que la cifra de 770 millones en ajuste salarial es intocable, por responder al compromiso adquirido en el Consejo de Política Fiscal. Las alternativas teóricas, como reducir aún más el capítulo de inversiones o incrementar los impuestos, tampoco parecen practicables. Apenas queda margen de maniobra para contentar a unos funcionarios que ya han sufrido recortes anteriores.