El fracaso escolar

EL fracaso escolar es una de las grandes lacras que azotan al Sistema Educativo Andaluz. En general, el fracaso escolar se entiende como la incapacidad de un alumno para adquirir los conocimientos básicos y que en nuestro sistema corresponde a la educación obligatoria, es decir, a la ESO. Suele medirse sobre todo a través del porcentaje de abandono de estudios y de repeticiones de curso.

Los indicadores andaluces, comparados con los países que han sido sometidos a las pruebas PISA, así como con la media de nuestro país, son preocupantes: el índice de alumnos que abandonan el sistema educativo sin conseguir el título de secundaria (un 37%) está por encima de media de la OCDE (en torno a más del 20%) y de la media de España.

Este dato es serio y preocupante y no se puede obviar ni intentar justificar. Los mejores resultados de algunos países nórdicos (menos de un 10% de abandono escolar tras la secundaria obligatoria) se atribuyen con frecuencia a la organización y funcionamiento de sus sistemas educativos.

Si se analizan los datos con objetividad y con perspectiva histórica, hay que reconocer nuestros déficits históricos que no han sido compensados en casi los treinta años de gobierno socialista: aún hoy la mayoría de la población andaluza tiene como máximo estudios primarios.

La necesidad de afrontar el fracaso escolar en Andalucía es un reto importante . El fracaso escolar no es tan sólo un fenómeno educativo, sino que tiene consecuencias sociales relevantes. El fracaso escolar a menudo conduce al fracaso social e induce un importante riesgo de exclusión social. Los jóvenes con una cualificación insuficiente tienen más riesgos de ser excluidos del mercado laboral, o bien de ser relegados a puestos precarios, y de padecer aislamiento y escasa participación social. El fracaso escolar pone, pues, en duda la cohesión social que cimenta la sociedad. Esto nos hace reafirmarnos en la necesidad de defender de forma contundente el derecho de todos los jóvenes a la educación y de frenar los mecanismos generadores de la exclusión educativa.

Pero afrontar el reto del fracaso escolar exige en nuestra comunidad como paso previo e imprescindible profundizar en las causas del mismo. Gran parte de los alumnos de bajo rendimiento escolar dispone de unas capacidades intelectuales suficientes para superar con éxito las exigencias educativas. Aquí es donde entra en juego la repercusión del entorno socioeconómico de los alumnos, el factor, según todos los estudios, de mayor incidencia en los resultados académicos de los estudiantes. En este sentido son muy ilustrativos los datos del abandono escolar dentro de nuestro propio país. Según estudios del Instituto Nacional de Estadística, mientras cerca del 40% de andaluces abandona el sistema educativo al cumplir los 16 años, sólo lo hacen el 10% de los vascos, navarros o madrileños, comunidades donde cerca del 50% de sus jóvenes tiene título universitario. Estas disparidades regionales en logros educativos son un claro reflejo de otras disparidades territoriales de carácter socioeconómico que nuestro sucesivos gobiernos socialistas no han sabido ni querido evitar. Las comunidades más ricas (el "triángulo del desarrollo") disfrutan de los niveles educativos más elevados. Andalucía en educación y desarrollo sigue ocupando, desgraciadamente, el furgón de cola.

Una de las acciones preventivas para evitar el incremento del fracaso escolar no es que se abandone a los centros a buscar soluciones y que intenten resolver los problemas como buenamente puedan. Una estrategia adecuada sería aquella que apueste por la autonomía de los centros y la negociación de las soluciones con la administración educativa. El apoyo a los alumnos con dificultades de aprendizaje necesita una voluntad compartida entre el centro y la administración para iniciarlas, llevarlas a la práctica y resolver los problemas a los que se van a enfrentar. Para conseguir esta relación fructífera es preciso un cambio profundo en el funcionamiento y en la capacidad de decisión de los centros y en el estilo de trabajo de la Administración Educativa Andaluza en donde el desentendimiento y la desconfianza en el profesorado parece ser su práctica habitual.

El cambio en el funcionamiento de los centros pasa por apostar por su mayor autonomía Son éstos los que deben valorar las distintas alternativas posibles para conseguir una enseñanza de mayor calidad que reduzca al mismo tiempo el bajo rendimiento de los alumnos. Y deben considerar también qué condiciones razonables necesitan y en qué plazos para conseguirlo: estabilidad de los profesores, recursos, infraestructura, formación, modos de organización etc. Al mismo tiempo, debe existir un interlocutor, el inspector, concediéndole capacidad de decisión para que negocie con cada centro y pueda llegar a acuerdos estables.