El Defensor del Pueblo inicia una queja de oficio contra Cultura

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una queja de oficio solicitando información a la Consejería de Cultura y Deporte sobre las actuaciones de protección llevadas a cabo en el patrimonio histórico de la comunidad andaluza declarado Bien de Interés Cultural (BIC), sobre el que detecta "importantes carencias". En dicha actuación de oficio, la Oficina señala que a través de varios medios de comunicación ha tenido conocimiento de diferentes noticias relacionadas "con el estado de abandono, olvido o destrucción" de determinadas construcciones que, repartidas por todo el territorio de la comunidad, están declaradas BIC.

Así, la Institución expone que en la provincia de Cádiz, concretamente en Villamartín, ha caído parte del castillo medieval de Matrera, levantado en el siglo XV y que fue declarado BIC en 1985. Al parecer, afirma, "la Administración Autonómica estaba en negociaciones con su propietario para darle titularidad pública y el Ayuntamiento tenía solicitada la realización de obras para consolidarlo". Del mismo modo, en la actuación alude a otros ejemplos de Cádiz, como la caída de un drago con 260 años en el patio de la antigua Escuela de Bellas Artes, declarado BIC en el año 2011 dentro de un programa para preservar el legado vinculado al bicentenario de la Constitución de 1812, y el histórico edificio Valcárcel, situado frente a la playa de la Caleta, que al parecer se encuentra vacío y descuidado. Por otro lado, respecto al derecho de visita, se mantienen cerrados varios monumentos esenciales como el Teatro Romano de Cádiz, en obras desde julio de 2010.

Por su parte, en Sevilla, el Defensor ha destacado la Real Fábrica de Artillería, 55.000 metros cuadrados de arquitectura civil del siglo XVIII, cedida por el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento en 2008, que según dichas fuentes permanece cerrada y con sus cubiertas y cornisas en mal estado. Y las Reales Atarazanas, un bosque de arcos mudéjares levantado en el siglo XIII por orden de Alfonso X El Sabio, de 7.200 metros cuadrados de planta y que pertenece a la Junta de Andalucía desde 1993. La adquisición se realizó para convertirlas en un gran centro de arte contemporáneo, un proyecto que no fructificó, y mientras tanto, apunta, "el edificio sin rehabilitar se ha usado para actos puntuales pero permanece cerrado".

En Jaén, donde todo el Conjunto histórico de la capital está protegido, el Defensor indica que, según las referidas fuentes, "muchos de sus edificios se encuentran abandonados", como el Cementerio de San Eufrasio, de 1829. El camposanto ha tenido que ser clausurado por su estado de ruina, al igual que los restos de la Iglesia de San Miguel o a la Casa Mudéjar de la Virgen, en el barrio de San Juan. "La misma suerte -continúa- corre el barrio de la judería, a pesar de formar parte del Gran Itinerario Cultural Europeo de Patrimonio Judío, y en las afueras de la capital el balneario y jardines de Jabalcuz, baños del siglo XVII cedidos al Ayuntamiento por un plazo de 50 años para su rehabilitación y puesta en uso como balneario".

Igualmente, en Almería, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar se encuentra el Cortijo del Fraile, "al parecer en estado de ruina, motivo por el que ya se multó a los propietarios el pasado año", precisa. Por otro lado, el cargadero de mineral El Alquife, el Cable Inglés, obra de ingeniería concebida para facilitar el transporte del hierro vía marítima, "está a la espera de la segunda fase de su rehabilitación, aún sin presupuesto".

En Málaga, el Defensor afirma que, según los medios, el conjunto de La Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro "tienen una deficiente gestión que afecta a su conservación, pretendiéndose que ambas fortalezas sean declaradas conjunto monumental". También en "estado de ruina" se encuentra el convento de San Andrés, edificio del siglo XVI que el Ayuntamiento decidió destinarlo a un museo de arquitectura y diseño contemporáneo, y el Cementerio Inglés de la capital, el primero protestante abierto en España en el siglo XIX. Asimismo, la Oficina señala que Córdoba tiene dos ejemplos de edificios declarados BIC que los medios califican "en ruina", como son el antiguo Convento Regina Coeli, fundado en 1499 y actualmente desacralizado, y el antiguo convento de Santa Clara, edificio del siglo XIII que se encuentra a la espera de una reforma integral.

Ya en Granada, "nos encontramos con la muralla zirí, su entorno y la puerta Monaita, del siglo XI, en el barrio histórico del Albaicín", asegura el Defensor, que explica que "la muralla quedó al descubierto tras el derribo de varios inmuebles, pero el proyecto para su recuperación no se ha ejecutado pese a ser una de las edificaciones más antiguas de la capital y un lugar clave para entender las líneas defensivas de la antigua alcazaba Qadim".

En Huelva, indica, "se está poniendo remedio al deterioro que sufre la muralla del municipio de Niebla, que cuenta con un plan director para su conservación, y donde, según las informaciones, para actuar en la zona de la barbacana exterior se está a la espera de la aprobación de un proyecto acogido a fondos europeos de cooperación con intención de que las obras comiencen en 2014".

A este respecto, la Defensoría subraya que la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía comienza su exposición de motivos diciendo que "éste constituye la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente". Además, añade que tanto el Estatuto de Autonomía para Andalucía como la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo tres atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección del Patrimonio Histórico Andaluz, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Estado o estén atribuidas a las entidades locales.

Así las cosas, precisa que "es la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la responsable de la formulación y ejecución de la política dirigida a su tutela, enriquecimiento y difusión y a quien se atribuye la potestad de inspección en las materias reguladas en la Ley y en sus normas de desarrollo, a través de los centros directivos y unidades orgánicas que se determinen reglamentariamente".

Por último, el Defensor del Pueblo recuerda que la Ley Andaluza de Patrimonio en su artículo 14 estable la "obligación" del propietario del BIC, además de conservarlo y custodiarlo, de permitir la visita pública gratuita al menos cuatro días al mes. Por ello, la Institución ha adoptado la decisión de "iniciar un expediente de queja de oficio para que por parte de la Consejería de Cultura y Deporte se nos informe sobre tales hechos, y en su caso, de las medidas que se vayan a adoptar en relación a los mismos", concluye esta actuación de oficio.