Interpol Argentina pide la detención de 20 acusados de crímenes franquistas

Buenos aires/La sección argentina de Interpol solicitó a Madrid la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 acusados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo, entre los que figuran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. Interpol Argentina pidió también a Madrid los datos de identificación de los acusados, como requisito "indispensable" previo a la emisión de una orden de "captura internacional en forma completa", según reza el comunicado de Interpol Argentina enviado a la jueza de la causa, María Servini de Cubría. Dicha petición se produce "para evitar posibles confusiones por razones de homonimia", antes de hacer extensiva la medida a la totalidad de los países miembros de Interpol.

Las órdenes de detención fueron dictadas a raíz del auto emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Buenos Aires el pasado 30 de octubre, en el que solicitaba la detención de 20 acusados, según aclararon desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).

"Es una gran noticia para las víctimas", dijo el abogado querellante Máximo Castex, quien señaló que este trámite permitirá a Interpol "emitir una alerta roja de detención internacional ante una posible fuga o viaje" de los acusados. El abogado confió en que el Poder Ejecutivo español resuelva dar curso judicial a las peticiones de detención preventiva dictadas por Servini de Cubría. De ser así, señaló, querellantes como Merçona Puig Antich "podrán ver por primera vez sentado en el banquillo de los acusados, aunque sea por una orden de extradición, a un ministro como Utrera Molina, responsable del asesinato de su hermano Salvador".

La Justicia argentina pidió la extradición de Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente cargos de responsabilidad en el régimen franquista, por responsabilidades en la muerte en Vitoria, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial. A Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), se le responsabiliza de la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado con garrote vil en España (1974).

La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-). La orden también incluye al recientemente fallecido Antonio Barrera de Irimo, por lo que la lista final se reduce a 19 acusados. Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además, la orden incluye al ex capitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete ex policías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter. Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, que fue miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.

La querella se presentó por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarca el periodo entre julio de 1936, fecha del levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

Interpol España esgrime una resolución de 2010 para no detenerlos

La Policía Nacional no detendrá a la veintena de personas que reclama la Justicia argentina, según fuentes policiales. Interpol España ha alegado ante su Secretaria General con sede en Lyon una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Se trata de la AG-2010-RES-10 suscrita por la Asamblea General de la OIPC-INTERPOL, en su 79ª reunión, celebrada en Doha (Qatar) entre el 8 y el 11 de noviembre de 2010. Entre otras cuestiones acordaron seguir cooperando "en solicitudes presentadas por los países miembros, salvo en el caso de que la solicitud se refiera a un ciudadano de otro país miembro, y este otro país miembro, al ser informado por la Secretaría General de la solicitud, proteste contra esta en el plazo de treinta días".

En aquella resolución, los países integrantes de Interpol se manifestaban "preocupados" por "el aumento del número de solicitudes presentadas por conducto de Interpol sobre casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que plantean dudas" así como "por la proliferación de litigios entre países miembros acerca del tratamiento de tales solicitudes".

El pasado 4 de noviembre cuando la sección de Interpol radicada en Argentina cursó una comunicación "muy urgente" a su oficina de Interpol Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas. Interpol España alegó la citada resolución ante la Secretaria General por lo que la petición de Argentina no se le ha aplicado el distintivo rojo que implicaría para ellos la situación de personas buscadas internacionalmente con una orden de arresto. La aplicación de ese distintivo es competencia exclusiva de la Secretaría General de Interpol que, según las fuentes consultadas, ha decidido aceptar las reclamaciones de su oficina en España.

Interpol España ya actuó de la misma manera cuando el año pasado la misma juez solicitó la extradición de ex altos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo. Se trataba del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño. En aquella ocasión, la Secretaria General aceptó las razones esgrimidas por Interpol España por lo que en este caso ha pedido que mantenga ese criterio. De estas actuaciones también ha sido informada la Fiscalía de la Audiencia Nacional.