Sueños esféricos
Juan Antonio Solís
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La juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que lleva la demanda presentada contra Lopera por presunto delito societario en la gestión del Betis, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la relación de los hechos denunciados con las sociedades mercantiles Patrimonial Real Betis S.L. y Betis Sport S.L. Con esta decisión, Mercedes Alaya estrecha el cerco a Lopera y pretende otorgar transparencia a la presunta compra de acciones por parte de Betis Sport, fijada para finales de este mes.
En el oficio de la juez, de fecha 17 de octubre y al que tuvo acceso Europa Press, las asociaciones demandantes, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, solicitan la práctica de una serie de diligencias, que el juzgado considera oportunas al estimar "que pueden ser de interés para la investigación de los hechos". En este sentido, se ordena librar oficio al Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes (CSD), para que informe sobre la relación de todas las transmisiones de acciones del Betis notificadas al propio CSD desde el día 19 de marzo de 2008 hasta el presente y así aclarar los movimientos de Betis Sport.
Igualmente, se ordena aclarar los documentos públicos "suscritos presumiblemente en julio de 2008 o en fecha posterior, en los que la entidad Farusa pueda reconocer que, determinadas acciones que ha venido titulando desde la constitución del Real Betis Balompié SAD, fueron adquiridas por una serie de personas", así como que se remita la lista de los posible compradores de los títulos.
Con este punto, la juez intentaría aclarar la verdadera titularidad de las acciones del club y, en consecuencia, si Lopera posee realmente la mayoría accionarial correspondiente, que Betis Sport pretende comprar. Igualmente, se cursa orden para que el CSD remita la instancia que le dirigió Betis Sport SL solicitando autorización para la compra de acciones del Betis y si esta empresa ha cumplimentado la información solicitada.
También destaca la disposición de la juez por la que manda que se libre oficio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Grupo de Delincuencia Económica (GDE), a fin de que se requiera al presidente del Betis "para que en un plazo no superior a cinco días aporte copia debidamente legitimada" por el secretario de la sociedad, del libro de registro de acciones nominativas del Betis, "actualizado al día de la fecha".
Del mismo modo, se acuerda librar otro oficio al antes mencionado GDE de la Guardia Civil, para que informe al juzgado "sobre la relación de los hechos investigados con las empresas mercantiles Patrimonial Real Betis S.L. Unipersonal y Betis Sport S.L.".
La documentación se completa con otro escrito sobre la comparecencia ante el juzgado de un representante de la Guardia Civil, solicitando mandamiento judicial para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria aporte "toda la información que obre en su base de datos" sobre cuentas bancarias y productos financieros "en los que figure como titular o autorizados las sociedades Patrimonial Real Betis S.L. Unipersonal y Betis Sports SL".
La juez estrecha el cerco contra Lopera, al menos en este periodo de instrucción. La presunta venta a Betis Sport es ahora el objetivo del juzgado, que quiere dotar de transparencia al Betis.
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