Un tribunal profesional juzgará la operación Karlos

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado que sea un tribunal profesional de la Audiencia Provincial de Cádiz y no un jurado popular quien juzgue a los acusados en la operación Karlos, entre ellos la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario. En un primer momento, la Audiencia estimó que el cohecho, uno de los delitos a juzgar, está reservado a la Ley del Jurado y que esa circunstancia arrastraría a los demás tipos penales. Esa decisión fue recurrida ante el Supremo, que ayer notificó su resolución y su argumento: el delito principal en este caso es la estafa, no el cohecho, y los procesados deben comparecer ante un tribunal profesional. No ante un jurado.

Todo ese proceso, desde que la Audiencia opta por el jurado hasta que el Supremo revoca esa decisión, ha durado un año, plazo notable teniendo en cuenta que la causa se remonta a 2006. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, salvo algún otro contratiempo, comenzará ahora a preparar el juicio. En unos meses, los treinta procesados ocuparán el banquillo ante los tres magistrados de la Sección.

Allí estarán Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, y el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, a quienes el fiscal coloca al frente de la supuesta trama cuyo objetivo era la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Junto a ellos se sentarán en el banquillo cuatro médicos y María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, acusada de intentar conseguir una pensión para su madre, también procesada. El fiscal pide para ellas cuatro años y medio de prisión. Para Carretero y Casto, solicita 10 años de cárcel por estafa, falsedad y cohecho. Ambos estuvieron en prisión preventiva y obtuvieron la libertad tras pagar sendas fianzas.

La operación Karlos desmanteló en 2006 la supuesta trama de las pensiones fraudulentas que habían montado Carretero y Casto. Según el fiscal, Carretero ideó el plan y se puso de acuerdo con Pérez, inspector médico de la Unidad de Valoración de Incapacidades de la Junta de Andalucía.