El PP ve en Egmasa la "punta del iceberg" del "caos" de las empresas públicas

La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre Egmasa le ha venido como anillo al dedo al PP para situar a esta empresa pública como la "punta de iceberg" del "caos" en la gestión de las empresas públicas y la administración paralela que estas representan hoy en la Junta. Este caso, del que pedirán explicaciones al Gobierno andaluz la semana próxima en el Parlamento, según anunció ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, encubre la pretensión de "privatizar" la administración a través de consultorías externas por las que se desvía el trabajo de los funcionarios.

La resolución del TS para los populares es la constatación de lo que venían denunciando desde hace años y que, a juicio de Sanz, supone un coste de 5.000 millones en empresas públicas, al que se añade un coste extra de "ineficacia", de falta de transparencia -no se facilita información a la oposición acogiéndose a la Ley de Protección de Datos- y de ser un "cementerio de elefantes socialistas".

Para Sanz, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, debe instaurar de manera "urgente" tanto en las consejerías como en las empresas públicas una política de "austeridad", ya que en estos momentos hay funcionarios que ven cómo se les usurpa trabajo, ya que de lo contrario estaría mintiendo respecto a un compromiso que asumió desde su investidura.

El Alto Tribunal resolvió en noviembre de 2009 la anulación del decreto que autorizó en 1998 la constitución de esta sociedad y sus funciones por un defecto de forma: la no participación en su redacción del sindicato, CSI-CSIF, que denunció la disposición por intuir un "riesgo potencial de fuga del Derecho Administrativo", perjudicar el empleo público, y dar pie al "desapoderamiento" de la administración y de sus funcionarios. Este hecho, sin embargo, para el Supremo no queda probado del todo y en la resolución establece que el sindicato, al que da la razón en parte, "no llega a concretar, ni menos aún probar al menos de forma indiciaria, cuáles son los riesgos de privatización".

A este argumento es al que se ha aferrado la Junta para justificar que la sentencia del TS no va más allá de un defecto de forma por la no participación de la organización sindical en el decreto. Una afirmación que se sostiene, además, en el mismo fallo, porque no se anulan todos los actos realizados por la empresa, tal y como reclama CSI-CSIF. Por tanto, según la Consejería de Medio Ambiente, la repercusión de la sentencia "no tiene efectos prácticos" y Egmasa seguirá como sociedad dedicada a la protección, conservación o mejora del medio ambiente, sin ejercer potestades o autoridades públicas.