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"Un quirófano no puede quedarse sin electricidad". La afirmación, casi obvia, es de Manuel Aragón, jefe de equipo de mantenimiento en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. No hace falta ser un profesional para darse cuenta de que cualquier problema técnico en un centro médico tiene que ser solventado inmediatamente. Pues Aragón cree que el empeoramiento de las condiciones laborales de la plantilla podría convertirse en un problema. Como portavoz de Apromansas, la Asociación de Profesionales de Mantenimiento del SAS, este sevillano vaticina que el servicio que prestan él y sus compañeros será privatizado más pronto que tarde.
El colectivo se ha movilizado en varias ocasiones en los últimos años, con acampadas frente a hospitales del sistema andaluz, como el Virgen del Rocío de Sevilla o el Reina Sofía de Córdoba, pero ahora pretenden cambiar la estrategia. Unos 250 trabajadores eventuales -de los aproximadamente 600 empleados temporales que hay en el servicio- impugnarán la resolución del 24 de noviembre de 2015 de la Dirección General de Profesionales del SAS que tiene por objetivo incluir en la bolsa única de eventuales a los trabajadores en la categoría de Técnico en Mantenimiento. "Si no se impugna casi todos los eventuales se van a la calle porque la mayoría no tienen los requisitos que se piden, aunque algunos llevan trabajando en el mismo centro desde 1991", cuenta Aragón, que además de ser portavoz de Apromansas trabaja en el Virgen del Rocío, aunque es uno de los más de 1.100 empleados fijos de mantenimiento de los hospitales andaluces.
Según explica este sevillano, el conflicto procede de junio de 2008, cuando se crean las figuras del Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales (Temei) y el Técnico de Mantenimiento para sustituir a las categorías de calefactor, fontanero, electricista, mecánico, albañil, pintor, carpintero y jardinero. "La categoría de jardinero la quitan del medio. De las otras siete, cuatro las unen en Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones y tres en Técnico de Mantenimiento, que son de menor nivel. Ahí hay un agravio comparativo", detalla Gallego. Además, afirma que con la nueva normativa hay titulaciones que ya no sirven para entrar en la bolsa de empleo. "Dicen que un FP en maquinas y herramientas ahora no tiene ninguna equivalencia con los títulos que piden. Hay compañeros a los que no pueden llamarlos más por no tener ese título, pero llevan ocho años de servicio".
Entonces, ¿por qué se deciden a impugnar una orden que tiene más de ocho años? "Porque desde 2008, la orden de la Consejería de Salud sólo se ha aplicado al 100% en Granada y parte en Málaga", revela el portavoz de Apromansas. Con la resolución del 24 de noviembre de 2015, el SAS pretende hacer efectivo algo que sus trabajadores de mantenimiento llevan más de un lustro intentando derogar.
"Conseguimos 800 firmas de los fijos y levantamos las acampadas para que los sindicatos se reunieran con la administración y defender nuestras peticiones". Entre las demandas, destaca la de revertir el modelo y recuperar las ocho categorías de mantenimiento. "Si al que es fontanero lo formo como electricista, mecánico y calefactor, reúno los cuatro oficios en uno para reducir el personal", se queja Aragón. "Y empiezan con nosotros, pero después harán lo mismo con otros servicios", apostilla el portavoz de Apromansas, entidad que también reclama al SAS que ofrezca cursos para que los trabajadores obtengan la titulación que se les pide y la convocatoria de una oferta de empleo público en las ocho categorías.
Sin contar con los sindicatos -de quienes critican que los han abandonado a su suerte en las negociaciones con el SAS-, se pusieron en contacto a finales de 2015 con el abogado Manuel Martos para impugnar la resolución del 24 de noviembre de 2015. Martos es, además, el representante legal de la Asociación de Eventuales del SAS (Aesas), que también impugna la orden en nombre de sus representados del sector de mantenimiento. "La intención es que puedan seguir trabajando mientras la bolsa funciona. Lo que queremos expresar es que consideramos ilegal la resolución y solicitamos que no se aplique a los demandantes hasta que no se les reconozcan sus derechos", anuncia el letrado. El SAS no ha respondido por el momento a la petición realizada por esta redacción el pasado jueves para dar su versión al respecto.
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