La Junta, ¿gasta lo que presupuesta?

En diciembre -este año con antelación para no coincidir con la campaña electoral- el Parlamento aprueba los Presupuestos de la Junta de Andalucía, la ley más importante del año entrante. Se cierra así un proceso que la Consejería andaluza de Hacienda abre en verano y que se prolonga los siguientes meses tanto en negociaciones internas (entre las propias consejerías de la Junta) como externas, si el grupo mayoritario, el PSOE en los 33 años de autonomía, necesita del apoyo de otro partido para su aprobación (Ciudadanos en las cuentas de 2016).

Pero, ¿se gasta durante el año lo consignado? La ejecución de las cuentas de la Junta ha sido históricamente tema de conflicto entre el Gobierno socialista y el principal partido de la oposición, el PP, que durante el ejercicio va advirtiendo de la escasa ejecución virtual de algunos programas.

El acceso a esta información se ha acelerado, hasta el punto de que ya están disponibles los del primer semestre de este año. No obstante, la perspectiva más fiable es la que engloba el año en su conjunto (en el último trimestre se produce el gran gasto de la Junta) y es la que han comenzado a analizar organismos como el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES). Lo hizo por primera vez el pasado año con las cuentas ejecutadas de 2013, una vez que hasta entonces "los datos al cierre del presupuesto eran publicados con excesiva demora", y lo ha vuelto a hacer con las cuentas de 2014, último ejercicio cerrado.

El resultado se recoge en el Informe sobre la situación económica de Andalucía de 2014, en el que la valoración meramente descriptiva del primer análisis ha dejado paso a una opinión mucho más crítico con el nivel de ejecución de la Junta de Andalucía.

Este órgano consultivo dependiente de la propia Junta ha llamado la atención sobre la inversión "especialmente baja" en políticas orientadas hacia la creación de empleo o el cambio del modelo productivo, objetivos gruesos en los planteamientos del Gobierno andaluz que se quedan en tirillas en el análisis de la ejecución presupuestaria.

Como publicó recientemente esta redacción, el CES advierte en el informe de que hay una política que destaca sobre las demás: la formación profesional para el empleo, donde sólo se gastó un 12,9% de lo comprometido en 2014. En 2013 fue apenas un 2,6%.

Estas acciones (cursos de formación, escuelas taller, casas de oficio,...) se paralizaron en 2011 y poco después cayeron en una investigación judicial por un presunto fraude que alcanza a todas las provincias andaluzas, de manera que los fondos transferidos por el Gobierno central se han tenido que devolver en sumas millonarias por la inacción de la Junta.

Pero esta falta de ejecución, "lejos de parecer extraordinaria" según el CES, se repitió en otros programas y, según ha comprobado esta redacción, el abandono de estas políticas se remonta al menos a los tres últimos ejercicios. Por ejemplo, los fondos destinados a los programas de empleabilidad, intermediación y fomento del empleo se quedaron según los datos aportados por la Intervención General en el 72,9% el pasado año. En 2013 el balance no fue mucho mejor (75,6%) , ni en 2012 (un 57,6%, incluida la formación profesional).

Peores registros obtuvieron a final de año otras políticas que el CES considera esenciales para la reorientación del modelo productivo, como la investigación científica y la innovación, con sólo un 28,8% ejecutado en 2014, un 54,4% en 2013 y un 57,4% en 2012. En la misma línea concluyeron el programa de emprendedores e internacionalización de la economía (55,4%, 61,5% y 56,6% de ejecución en los últimos tres presupuestos, respectivamente), el desarrollo rural (42,2%, 10,5% y 43,3%), la gestión del medio natural (70,8%, 65,7% y 83,7%) o el desarrollo industrial y la sociedad de la información (36,3%, 26,1% y 21,1%).

Estas partidas son las que destaca el CES en su informe económico, pero hay otras muchas damnificadas en el último trienio por la baja ejecución de la Junta. Esto sin contar los programas que a lo largo del año sufren modificaciones presupuestarias que reducen su presupuesto original y que en 2014 movieron arriba o abajo 1.768 millones en un presupuesto de 30.000 millones de euros.

Con todo el nivel de obligaciones reconocidas a final de año con respecto a los créditos definitivos quedó muy por debajo en seguridad laboral (51%, 76,2% y 46,2%), prevención y calidad ambiental (67,9%, 66,7% y 86,9%) o desarrollo sostenible (57,2%, 55,6% y 82,9%). También en las partidas destinadas a las infraestructuras hidráulicas y otras actuaciones en materia de aguas (53,4%, 49,6% y 70,8%).

La imposibilidad de poner la mitad de los recursos para completar los fondos europeos explican la baja ejecución en los programas para mejorar la producción agraria, por debajo del 50% en algunos casos. En turismo, las partidas para fomentar la calidad y la innovación se quedaron en un 45,9% en 2014 y en un 41,6% en 2013. El comercio también registró un nivel de ejecución bajo en 2014 (64,3%) y en 2013 (53,2%), aunque fue mejor en 2012 (88,5%).

En materia social destaca el bajo nivel de ejecución en las actuaciones para voluntariado (77,5% de lo consignado en 2014, 85,5% en 2013 y 61,7% en 2012) y, sobre todo, en coordinación de políticas migratorias (74,65, 52,8% y 48,1%, respectivamente).

La reacción de la Consejería de Hacienda, y por ende de la Junta, permanece invariable: la ejecución global a final de año es notable, del 93% en 2014, superior a la de otras comunidades. No hay otra respuesta a las llamadas de atención, tampoco a la del CES.