Funcionarios denuncian a 42 altos cargos de la Junta por malversar 980 millones

Sevilla/El Sindicado Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Sevilla contra 42 altos cargos de la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de los funciones de los funcionarios y malversación de como mínimo 980 millones.

En rueda de prensa, el presidente del SAF, José Manuel Mateo, ha explicado que la Junta ha incumplido su propia ley de reforma del sector público de 2011, de forma que los empleados de las agencias empresariales -creadas en virtud de dicha normativa- han desempeñado los trabajos que son potestad de los funcionarios como la tramitación de subvenciones y la adjudicación de contratos.

El SAF cifra en un mínimo de 980 millones la cantidad en subvenciones y en adjudicación de contratos realizada en los tres últimos años por empleados públicos, no funcionarios, de siete agencias empresariales de la Junta, y este cálculo se basa en un muestreo a través de las subvenciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y de las plataformas públicas de contratación.

El presidente del SAF ha denunciado que la Junta ha creado una 'ingeniería jurídica para dar apariencia de legalidad a lo que es inconstitucional como es la ley del enchufismo o a la administración paralela' y, por ello, el objetivo de esta denuncia es 'desenmascarar el entramado jurídico de los entes instrumentales'.

La denuncia se dirige contra 42 altos cargos de la Junta, de los que 26 son de la administración general y tienen rango de viceconsejeros y secretarios generales técnicos por ser los responsables de personal, y contra 16 gerentes de agencias públicas empresariales.

Según esta organización sindical, siete agencias empresariales (IDEA, Cooperación Internacional, Energía, Infraestructuras, Puertos, Vivienda y Medio Ambiente y Agua) no han realizado las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo a las que están obligadas por ley, para adscribir a funcionarios de la Junta, salvo las de Servicios Sociales y Dependencia y la del Conocimiento.

Esto supone, según la denuncia, una usurpación de las funciones que la ley reserva para los funcionarios públicos en el desarrollo de expedientes de contratación y licitación, de subvenciones y de control y fiscalización del gasto público.

De hecho, el SAF basa su denuncia en que estos actos pueden ser susceptibles de una investigación penal, ya que los altos cargos han permitido a sabiendas de la ilegalidad la resolución de los expedientes por personal no funcionario.

Este sindicato inició en 2011, cuando la Junta aprobó la reforma del sector público, una batalla legal contra dicha ley por entender que se daba carta de legalidad a la administración paralela, y desde 2011 ha presentado más de 150 denuncias en diferentes ámbitos judiciales -contencioso administración y penal-, que ha ganado casi todas, según el presidente del SAF.

Sin embargo, la lentitud de la justicia hace que el frente judicial siga abierto, aunque ha admitido que ha servido que para la Junta 'les tome más en serio' porque se han producido ceses de altos cargos y renuncias.

No obstante, José Manuel Mateo ha denunciado que la Junta de Andalucía 'no dialoga ni habla' con el Sindicato Andaluz de Funcionarios y ha censurado que en la administración autonómica está 'muy politizada y no se puede protestar'.

En este sentido, ha apuntado que hay más de 4.000 puestos de libre designación en la Junta y para acceder es suficiente 'con la afinidad, no hace falta titulación'.

Según los datos no oficiales que maneja el SAF, en la administración general de la Junta hay unos 21.000 funcionarios, unos 27.000 trabajadores tienen la categoría de personal laboral y unos 29.000 o 30.000 son empleados de empresas o entes instrumentales.