Una ley obligará a los promotores a pagar el sobrecoste que generen en transportes

Si la construcción de un centro comercial, o de un estadio deportivo, o de un conjunto de urbanizaciones genera un coste asociado por las infraestructuras de transporte que genera ese proyecto urbanístico, serán los propios promotores los que sufragarán (en un porcentaje que se determinará reglamentariamente) los sobrecostes que generen esas infraestructuras que hasta el momento están pagando las administraciones públicas. Ésta es una de las novedades del anteproyecto de ley de movilidad sostenible que ayer aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el primer paso para que en un año, según las previsiones del Ejecutivo, la norma pueda aprobarse finalmente por el Parlamento andaluz. Esta ley es uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno entre PSOE e IU y viene a continuar la senda iniciada por la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IU), con proyectos como el plan de la bicicleta.

Esta filosofía de desarrollo sostenible casa con los tiempos de carestía económica de las administraciones, por lo que el mensaje ha variado del anuncio de macroinfraestructuras de los años previos a la crisis a la primacía del principio de eficiencia de los recursos públicos. La consejera reconoció que "existen planificaciones de hace 15 años que ahora pensaríamos si haríamos", cuestionada por la viabilidad de algunas de los sistemas de transporte infrautilizados. Por esta razón la consejera destacó que la nueva ley incorporará la novedad a nivel nacional de que, a los análisis de demanda de viajeros y viabilidad económica, se añada un informe sobre los costes externos (ambientales, económicos y sociales) como requisito indispensable para comprobar su eficiencia y utilidad.

Así nuevas infraestructuras como carreteras o vías ciclistas atenderá a factores como la contaminación atmosférica o acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la gestión del tráfico o la "monopolización" del espacio público por parte del coche.

En los planes de la Consejería dirigida por IU el coche se convierte en el enemigo a batir. En las nueve áreas metropolitanas de Andalucía el 61% de los desplazamientos cotidianos se realiza en coche (57%) o moto (4,9%), frente al 29% a pie, el 6,8% en transporte público y el 1,4% en bicicleta.

El objetivo que perseguirá la ley de movilidad (que contará con un observatorio específico) pasa por converger con la media europea, que pasa por un 49% de desplazamientos en coche o moto, frente al 26% a pie, el 20% en transporte público y el 6% en bicicleta. La nueva ley recogerá por ejemplo medidas concretas para el uso de la bicicleta, como que los vehículos de transporte público colectivo cuenten con espacio reservado para el transporte de bicicletas y que los edificios de uso residencial de nueva construcción prevean emplazamientos específicos, seguros y resguardados, para el doble de bicicletas que viviendas haya.

La nueva ley plantea además el reforzamiento del ferrocarril en el transporte de mercancías.

La intención de la Consejería es elaborar una red a la manera de los planes de ordenación del territorio. Así al plan Andaluz de Movilidad Sostenible le siguen los Planes Territoriales de Movilidad Sostenible de las Aglomeraciones Urbanas (Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla); los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, y los Planes de los Centros Generadores de Movilidad. De estos planes, ya se encuentran en tramitación el andaluz y los territoriales. Los ayuntamientos aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes. Otra novedad trata sobre la financiación que se proveerá a los ayuntamientos para la declaración de municipios libres de coches.

Los Centros Generadores de Movilidad Sostenible son aquellos en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos, los polígonos industriales, las grandes superficies y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios y pabellones deportivos.

Una disposición adicional de la ley prevé que en el plazo de un año desde su entrada en vigor la Junta renueve su flota de vehículos por coches con bajas emisiones y energéticamente eficientes. Incluirá a los coches oficiales. La Junta pasó de unos 200 a 131. Mantiene 58 al servicio de altos cargos y otros 73 para "incidencias y servicios administrativos.