Una juez investiga otras ayudas de 5 millones para cursos de formación

El sindicato UGT-A no fue el único que cometió presuntamente irregularidades en la facturación de los cursos de formación relacionados con las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, mantiene abierta desde finales de 2013 una investigación que se centra en el empresario José Sivianes Sánchez, propietario de la empresa Formación Integral para el Empleo que, en sólo cuatro años (en el período entre 2008 y 2011), recibió 5.646.152,50 euros en subvenciones destinadas para cursos de formación de desempleados.

Según han confirmado a este periódico fuentes de la Fiscalía de Sevilla, la investigación se inició en septiembre de 2013 cuando la sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura de Policía puso en conocimiento del Ministerio Público la existencia de una presunta trama de subvenciones y blanqueo de capitales.

La Fiscalía abrió unas diligencias de investigación pero estas pesquisas se cruzaron con las indagaciones que la Agencia Tributaria, a través de la unidad combinada de la Inspección Tributaria y Vigilancia Aduanera de Huelva, ya había iniciado en la denominada operación Hytaca, por lo que este último grupo se hizo finalmente cargo de la investigación, según precisaron las mismas fuentes.

La investigación afloró un presunto fraude al fisco por importe de 1.168.272 euros en dos años (146.675 en 2011 y 1.021.597 en 2012) y que consistiría básicamente en "falsear de manera sustancial los gastos, para minorar notablemente el importe de la cuota a pagar" tanto en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto de Sociedades. El empresario habría utilizado dos procedimientos: la sobrevaloración de costes, en este caso de los pagos realizados a los profesores de los cursos de formación, y en segundo lugar la elaboración de facturas falsas.

En la causa están imputadas otras cinco personas, presuntos testaferros de Sivianes, que estaban incluidas en el régimen de módulos y eran las encargadas de contratar a los profesores -que serían prácticamente los mismos-, facturando a continuación a Formación Integral para el Empleo.

Según se desprende de las investigaciones, uno de estos "moduleros" habría obtenido unas ganancias de más de 300.000 euros en sólo diez meses, entre abril de 2012 y febrero de 2013. La Agencia Tributaria considera que José Sivianes "dirige y coordina a una serie de personas incluidas en el régimen de módulos" y que facturan por importes cercanos a los 450.000 euros -límite para acogerse a este régimen- por la cesión del profesorado, en una relación de retribución y facturación que oscila "entre cinco y diez veces" más del precio de mercado. Los investigadores sostienen que resulta absurdo que "unas horas lectivas que José Sivianes puede obtener por 11 euros/hora las esté pagando a 80 euros/hora".

Para los investigadores, se ha realizado una "simulación de estas personas como empresarios", por cuanto en realidad se trataría de personas que "actúan bajo las órdenes" de José Sivianes, por lo que serían "instrumentos", no empresarios propiamente dichos.

El informe policial llama la atención especialmente sobre dos operaciones de ampliación de capital realizadas por la empresa Formación Integral para el Empleo en los años 2012 y 2013, a la que acudieron precisamente los supuestos empresarios que cedían los profesores para hacer los cursos. A la primera ampliación -que tiene fecha del 8 de octubre de 2012- acudieron tres personas, que suscribieron casi 200.000 euros cada uno y unos 15 días después las participaciones vuelven a José Sivianes, quien entrega pagarés a cambio de las acciones. La misma operativa se repite con ocasión de una segunda ampliación del capital, realizada en febrero de 2013.

En otro informe, en este caso de la Unidad de Blanqueo de Capitales, se destaca que estas operaciones están "fuera de toda lógica financiera y comercial", por cuanto pocos días después de la adquisición de las acciones, los títulos son vendidos "por el mismo importe" a José Sivianes, aplazando el pago hasta 2017 y mediante pagarés sin posibilidad de endoso. Los suscriptores de las acciones cambian liquidez (566.991,72 euros) por una "promesa de pago a más de cuatro años vista" y la mera "devolución del pagaré y la posesión y tenencia de este último por parte de José Sivianes será por sí misma prueba suficiente del pago total del precio, sin justificar por tanto su pago real".

Para la justificación de las subvenciones con facturas falsas, el empresario se habría servido -según un informe remitido en enero a la juez- de dos sociedades controladas por otro de los imputados, Vicafer Gestión y Bio Oil Doñana, que "operan en el sector del aceite como mayoristas, aunque las facturas realizadas son relativas a actividades para centros de impartición de cursos de formación, tales como alquiler de ordenadores y material de oficina", precisa el documento. En 2012, Vicafer facturó 337.303 euros a José Sivianes y 330.429 a Formación Integral, mientras que Bio Oil Doñana facturó 103.200 y 114.200 euros, respectivamente.