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La Fiscalía andaluza investigará ayudas concedidas a las Unidades Territoriales de Empleo
Una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios apunta a presuntas irregularidades en las contrataciones y destaca un gasto en personal de 57,3 millones entre 2010 y 2012.
La Fiscalía Superior de Andalucía investigará las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a las Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 a raíz de un informe de la policía judicial.
Esta investigación se deriva de una denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios en enero a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de las ayudas de la Junta a las UTEDLT -participadas por la Junta y las corporaciones locales-, y del que se desprenden "indicios de malversación de caudales públicos al no haber constancia de la realización de la actividad de dichas unidades", según ha informado en un comunicado el SAF.
A raíz de esta denuncia la Fiscalía Superior encomendó a la policía judicial el inicio de las investigaciones para que emitieran un informe sobre el mecanismo de concesión de las ayudas y las personas responsables, indicando si tenían la condición de aforado.
El pasado 20 de junio la policía judicial presentó dicho informe a la Fiscalía, donde se describe el órgano competente para la concesión de subvenciones y los órganos delegados para la resolución de las solicitudes de ayudas, según ha informado el SAF.
La Fiscalía ha solicitado al Servicio Andaluz de Empleo los datos precisos sobre las personas y órganos responsables de la concesión de las ayudas a los UTEDLT recogidas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y la documentación en cada supuesto.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios basó su denuncia en las presuntas irregularidades en la contratación de personal en las UTDELT, ya que en un 48% de los casos no se hizo la preceptiva convocatoria pública.
También llama la atención el SAF que el coste el personal entre 2010 y 2012 ascendió a 57,3 millones, y ha denunciado que estos consorcios forman parte de la "administración paralela de la Junta, donde se ha abrigado aquellos que dejan la política activa y pasan a mejor vida".
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