La Intervención del Estado reprocha que Griñán no actuara ante el fraude

La Intervención General de la Administración del Estado ha avalado en un demoledor informe pericial todas y cada una de las sospechas que la juez Alaya ha ido acumulando en los últimos años en la investigación del escándalo de los ERE respecto a las irregularidades detectadas en la concesión durante una década de las ayudas públicas de la Junta de Andalucía. Los peritos incluyen desde la "inadecuada" e "improcedente" utilización de las transferencias de financiación para la concesión de las ayudas hasta la absoluta ausencia de procedimiento legal para la concesión de las subvenciones, lo que impidió la fiscalización previa por el interventor delegado en la Consejería de Empleo. El informe pericial contiene un reproche fundamental por no haber adoptado medidas para evitar el fraude a tres ex consejeros de Economía y Hacienda, los que ocuparon el cargo en el período entre 2000 y 2009: la ex consejera Magdalena Álvarez, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y la ex consejera Carmen Martínez Aguado. El documento elaborado por cuatro peritos designados por la Intervención General de la Administración del Estado señala expresamente que "a la vista de las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), y conforme a lo establecido en el artículo 9. e) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía [en alusión al principio de unidad de caja], no consta que en el período 2000-2009 el consejero de Economía y Hacienda, en el ejercicio de sus competencias, haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades". Tampoco consta, continúan los expertos, que el consejero "haya dado cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados contenidos en los informes emitidos por la IGJA que, por su interés y repercusión deben ser destacados, según lo dispuesto en los artículos 52, tres y 57, tres, del decreto 149/1988, por el que se aprueba el reglamento de Intervención de la Junta", y que regulan precisamente cuando el consejero debe dar cuenta al Consejo de Gobierno.

El peritaje, que tiene una extensión de 8.245 folios (1.051 folios del informe propiamente dicho y los 7.194 restantes en 34 tomos de anexos), incluye precisamente entre sus 37 grandes conclusiones que el interventor general de la Junta Manuel Gómez -que ya está imputado en la causa judicial- debió haber emitido el correspondiente informe de actuación, que hubiera paralizado el pago de las ayudas. "La Intervención General de la Junta puso de manifiesto que el IFA/IDEA participaba, como entidad colaboradora, en un sistema irregular de gestión de subvenciones mediante el pago de las ayudas. Por ello, en nuestra opinión, era de aplicación la obligatoriedad legal de la IGJA de emitir el correspondiente informe de actuación", dado que las actuaciones del IFA-IDEA como pagador "pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos", al finalizar el proceso de gestión de las ayudas que, "de forma irregular, comenzaba en la Consejería de Empleo", insiste el documento entregado a Alaya.

Los expertos subrayan que como la transferencia de financiación "no era la partida adecuada" para la concesión de subvenciones, "no parece razonable" que la Intervención General de la Junta emitiera un informe favorable a las distintas modificaciones presupuestarias que aumentaron dicha partida. "No consta que se hayan realizado por la IGJA las acciones necesarias para que se efectuara el control financiero de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al programa 31L", conocido popularmente como el fondo de reptiles y que en el período 2000-2012 contó con 850 millones, de los cuales 695 corresponden a los créditos iniciales y los 154 restantes a las modificaciones presupuestarias.

Los peritos señalan que en el año 2000 se inicia el "procedimiento inadecuado" para la tramitación de las subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas en crisis, que se prolonga hasta 2010, mediante las transferencias de financiación al IFA, una partida que, "por imperativo legal, sólo podía destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del IFA, debiendo ser reintegrado a la Junta el importe no aplicado a dicha finalidad", por lo que esta partida no podía aplicarse al otorgamiento de subvenciones sociolaborales "ni de ningún otro tipo".

Los peritos coinciden en que la aplicación por el IFA de los fondos recibidos a través de las transferencias fue por tanto "improcedente" y además "permitió eludir el procedimiento legal establecido para su otorgamiento e impidió su fiscalización previa por el interventor delegado" de la Consejería de Empleo. También hace hincapié en que el IFA no estaba "habilitado legalmente para actuar como entidad colaboradora en el pago de estas ayudas" y no tuvo esa facultad para conceder subvenciones sociolaborales hasta 2004.

El informe destaca que al conceder las ayudas mediante esta vía no se aplicaron los principios legales de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad igualdad y no discriminación que regula la ley general de Subvenciones. Para los peritos, se ha "prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la normativa del Estado y de la comunidad autónoma" al conceder ayudas de una forma "totalmente discrecional".

Las subvenciones del programa 31L se otorgaron por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social -que durante una década dirigió uno de los principales imputados, Francisco Javier Guerrero- "sin competencia legal para ello, ya que la delegación de competencias del consejero de Empleo en el director general de Trabajo, en esta materia, no tuvo lugar hasta que se dictó la orden de la Consejería de Empleo de 3 de marzo de 2010, cuya entrada en vigor fue el 6 de abril de 2010".

El informe concluye que el sistema generó un déficit de financiación de las ayudas del programa 31L que asciende a muchos millones de euros: 30,2 en el 2002; 38,2 en 2003; 93,6 en 2004; 95 en 2006; 40,6 en 2007; 33,2 en 2008; 10,5 en 2009 y 29,2 en 2010.

Por último, el informe señala que el Parlamento de Andalucía, al aprobar la partida de las transferencias, "actuó con respeto a la legalidad vigente" y el legislador "no pretendió que, a través del uso de las transferencias, se vulneraran las normas de concesión de subvenciones y de fiscalización de las mismas contenidas en el ordenamiento jurídico".