La Junta se compromete a abonar el salario social antes de fin de año

Sevilla/El Gobierno andaluz se ha comprometido con los representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía a dejar resueltos en los próximos días los expedientes del llamado salario social, de forma que los créditos puedan hacerse efectivos antes de que finalice el año. Este año se han beneficiado del salario social 48.569 andaluces, pero están pendientes de resolver otros 16.000 expedientes y la Junta se ha comprometido a cumplir lo previsto en el decreto ley contra la exclusión social que prevé acortar -de seis a tres meses- los plazos de resolución de las solicitudes.

La dotación extraordinaria de casi 44 millones euros consignada para este programa en el decreto ley ha permitido aumentar el número de beneficiarios este año, cuyos expedientes quedarán resueltos esta semana, tras lo que empezarán a abonarse. Así lo ha asegurado en conferencia de prensa la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, tras la reunión presidida por la jefa del Gobierno andaluz, Susana Díaz, con representantes de la citada entidad, integrada por la Plataforma Andaluza del Voluntariado, la Red Andaluza de Lucha contra la pobreza, el CERMI, Cruz Roja, Cáritas y la ONCE.

A través del Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido como salario social y aprobado en 1999, se concede una ayuda de 400 euros mensuales durante un periodo máximo de seis meses, que se incrementa con 51,62 euros por cada miembro familiar distinto del solicitante, hasta un máximo de 645,30 euros por seis miembros. El presidente de la Mesa del Tercer Sector, Manuel Sánchez Montero, ha alertado de que está "en juego" la propia "sostenibilidad" del sector porque la demanda de atención social ha aumentado considerablemente debido a la crisis. Las organizaciones integrantes del Tercer Sector, que cuentan con 50.000 voluntarios y 45.000 trabajadores, atienden desde el último año a un total de 1.800.000 personas en Andalucía.

Montero ha asegurado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha sido "muy receptiva" y, además de comprometerse a una agilización de los plazos para el pago del salario social, ha dicho que va a estudiar la demanda del Tercer Sector de incluir los intereses financieros en las convocatorias de subvenciones de la Junta que reciben estas entidades. También han acordado la participación "activa y efectiva" del sector en todos los órganos en los que se adopten decisiones relacionadas con las políticas sociales, y la Junta estudiará la petición de la Mesa del Tercer Sector de crear una comisión específica en la que esté representada la sociedad civil "como espacio de diálogo permanente" con la Junta. La presidenta de la Junta se ha comprometido igualmente, según Montero, a promover la participación de este sector en la elaboración de los proyectos de presupuesto de la comunidad.

El Tercer Sector ha insistido en la "demanda histórica" de la regulación de la Renta Básica y, tras reconocer que "no es el momento porque no hay recursos", ha pedido que se impulse el marco normativo para que "esté preparado y pueda ejecutarse en cuanto sea posible". La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que ha coincidido en que la reunión ha sido "muy fructífera", ha recalcado que el Gobierno andaluz se compromete al mantenimiento de la red pública de servicios sociales "como puerta de entrada" de las personas que atraviesan más dificultades. Ha confirmado, además, que se le dará "voz y protagonismo" al Tercer Sector en la toma de decisiones y, sobre la Renta Básica, ha asegurado que la Junta trabajará "en la línea prevista", en referencia al compromiso adquirido en el acuerdo suscrito por los socios del gobierno de coalición.