El fiscal pide mil millones en multas a los 14 acusados del caso Hidalgo

El caso Hidalgo contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que le acabó costando la carrera profesional al ya ex juez Francisco Urquía y puso en el ojo del huracán las prácticas profesionales del despacho de abogados Cruz-Conde y la actividad del dueño de los complejos Puente Romano y Marbella Club, en Marbella (Málaga), conducirá finalmente al banquillo de los acusados a 14 personas. La Fiscalía Anticorrupción pide para los imputados 170 años de cárcel y multas hasta ahora desconocidas: cerca de 1.000 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública y lavado de capitales.

El Ministerio Público afirma en su escrito de acusación provisional que el despacho creaba "estructuras societarias" dirigidas a "ocultar" a los verdaderos dueños de los bienes y el origen de los fondos que se invertían. El método que se aplicaba, a grandes rasgos, consistía en crear una sociedad española participada mayoritariamente por una entidad holandesa que, a su vez, era constituida por una o varias sociedades con sede en las Antillas. El objetivo último de estas tramas societarias era evitar el pago de impuestos.

La Fiscalía sostiene que los abogados eran conscientes del fin que perseguían sus clientes, "lo cual no impidió que se prestaran a colaborar" unas veces en la constitución de sociedades "usadas a modo de tapadera" para ocultar que el dinero procedía de delitos fiscales y otras en "la propia gestión de los fondos ilícitamente invertidos".

El escrito provisional de acusación alude a ocho empresarios. Entre ellos ocupa un lugar prominente el dueño de los hoteles Puente Romano y Marbella Club, David Shamoon, empresario de origen iraquí fallecido en julio y contra el que, por tanto, no se formula acusación penal. El hotel Marbella Club repartió en 2003 beneficios y a una sociedad holandesa detrás de la que estaba Shamoon le correspondieron 8,1 millones de euros. En 2004 las cuentas de un trust de las Antillas holandesas del que era beneficiario Shamoon recibió otros 8,7 millones procedentes de otra distribución de beneficios. En 2004 ese mismo trust de las Antillas acabó siendo el receptor de 1,2 millones de euros procedentes de las reservas de la sociedad gestora del hotel Puente Romano. Según el fiscal, el fin era no pagar impuestos en España.

Otra de las fórmulas aplicadas para aligerar la carga tributaria fue hacer pasar por préstamos participativos meras aportaciones de capital procedente del extranjero para abordar inversiones inmobiliarias. De esa manera lograban que las ganancias tributaran como intereses y por tanto muy por debajo de lo que le corresponderían si hubieran sido declaradas como plusvalías. Sólo por este último concepto se ahorraron 2,2 millones en impuestos a Hacienda.

El escrito de acusación también alude a cómo se evitó el pago de otros 20 millones de euros a Hacienda haciendo pasar dos empresas promotoras por sociedades patrimoniales (sometidas a diferente régimen fiscal) y atribuye también a los abogados del despacho la responsabilidad en fraudes tributarios supuestamente cometidos en la declaración del IRPF de David Shamoon en cuatro ejercicios. Alude, entre otras cuestiones, al incremento patrimonial que experimentó tras la venta del hotel y el casino Torre Quebrada.