El 51% de las maltratadas que renuncian al proceso judicial descartan el psicólogo

El 51,5% de las mujeres víctimas de violencia de género que denuncian a su agresor y luego abandonan el procedimiento judicial no han recurrido al apoyo psicológico, un porcentaje de abandono que se reduce al 19% cuando dicho apoyo es prestado por los servicios sociales.

Se trata de una de las principales conclusiones del libro La renuncia a continuar en el procedimiento judicial en mujeres víctimas de violencia de género: un estudio en la Comunidad Autónoma Andaluza, realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, y que fue presentado ayer por la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.

La investigación, que cuenta con conclusiones cualitativas (fruto de entrevistas a profesionales y víctimas) y cuantitativas (resultado de 803 cuestionarios a mujeres que han sufrido violencia de género), destaca cuatro razones de abandono: la situación sociodemográfica, el propio procedimiento penal, los efectos de la violencia de género y la situación psicológica de la mujer. Los expertos apuntan situaciones sociales derivadas de la propia violencia que influyen en el abandono, como el miedo de la víctima a la actuación de su expareja y de su entorno familiar; el chantaje del agresor por la pensión de los hijos o por la custodia de los mismos; el riesgo de que la víctima dé otra oportunidad al agresor o el sentimiento de culpa de la mujer, entre otras.

Respecto a los resultados relacionados con el procedimiento penal destacan hechos como el desconocimiento por parte de las víctimas del proceso judicial (el 74%); o el desfase entre las expectativas de las mujeres y la realidad del procedimiento. Así, muchas esperan que la denuncia inicial acabe de raíz con la situación de violencia, como demuestra que el porcentaje de renuncias es menor cuando las mujeres denuncian tras una decisión meditada (22,8%), y es mayor cuando la empuja un suceso traumático pero sin planificación (43,85%). De las 6.390 denuncias presentadas en el primer trimestre, unas 831 renunciaron a continuar con el procedimiento. Los tiempos dilatados de los procedimientos penales y la excesiva burocratización pueden originar también un abandono y, de hecho, de los 131 casos estudiados que terminaron en renuncias, la mayoría de los abandonos se produjeron en el período de instrucción (45%) o en las primeras 72 horas (35%), según el estudio. El informe también reseña la presión de las personas profesionales de la abogacía que están tramitando el procedimiento civil de separación, y que a veces proponen la retirada de la denuncia para garantizar el pago de la pensión o el respeto al régimen de visitas impuesto.