El Ayuntamiento de Granada difundió documentos privados, nóminas y cuentas bancarias

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está investigando el posible fallo de seguridad en el sistema informático del Ayuntamiento de Granada, ocurrido el pasado mes de junio, que provocó la publicación por error de datos personales de los trabajadores y políticos del Consistorio, como nóminas o cuentas bancarias, y expedientes municipales. El concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes, presentó ayer públicamente una carta recibida de la Agencia el 11 de julio, en la que se confirma la puesta en marcha de las investigaciones necesarias para identificar con la mayor precisión posible a la persona u órgano responsable en el fallo de seguridad, así como otras circunstancias relevantes que justifiquen una sanción a la administración pública por la presunta infracción.

Fuentes se defendía de esta manera de las acusaciones del grupo municipal de Izquierda Unida respecto a que el Consistorio puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía pero no envió ninguna comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos, que es el órgano competente para investigarlo. "El Ayuntamiento es el primero que, al conocer esta posible vulneración documental, alerta a la Agencia para que la investigue. Yo mismo mandé un escrito el 25 de junio", aseveró el concejal.

"No tenemos nada que esconder. Fue el propio Gobierno municipal el que informó a la AEDP de una transgresión hecha, presuntamente, por el personal del Ayuntamiento. Así lo demuestra la respuesta de la Agencia. También se puso en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que creemos constitutivos de delito. Lo que dice IU es falso, no debería mentir de manera tan descarada ni sembrar dudas sobre las gestiones que se están haciendo en este tema", insistió Fuentes.

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, aseguró que "el Ayuntamiento, lejos de reconocer un fallo informático del propio personal municipal, achacó el problema a un ataque externo" y criticó que no se hayan abierto diligencias internas. IU advirtió que el expediente abierto por la Agencia Española de Protección de Datos podría derivar "probablemente" en una sanción económica de hasta 300.000 euros, tal y como recoge la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en su artículo 4. Los hechos sucedidos en el mes de junio están considerados, según esta ley, como "una infracción grave por mantener ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por la vía reglamentaria se determinen".