El Parlamento compra coches a los portavoces por 60.000 euros

Los portavoces de los grupos parlamentarios estrenarán coche oficial a partir de septiembre. Así lo aprobó la última semana de julio la Mesa de la Diputación Permanente de la Cámara (órgano sustituto en periodo de vacaciones), compuesta por PP, PSOE e IU. El presupuesto asciende a 60.000 euros para los tres vehículos y son siete las compañías que han presentado sus propuestas en el proceso de adjudicación. Se da la circunstancia de que tres semanas antes, la primera semana de julio, la Mesa de la Cámara declaró la no disponibilidad de determinados créditos del Parlamento andaluz por una cuantía de 1,3 millones de euros. Este plan de ajuste establece una restricción del crédito para adquisición de material de transporte por 195.000 euros.

Según comentaron fuentes de la Presidencia del Parlamento, los tres grupos acordaron por consenso la renovación de los automóviles de los portavoces, que son Carlos Rojas, por parte del PP, Francisco Álvarez de la Chica, por el PSOE, y José Antonio Castro, por Izquierda Unida. Este acuerdo no tuvo publicidad.

Las mismas fuentes aseguran que los grupos expresaron su preocupación por el estado de los vehículos al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, antes de que se presentase este plan de ajuste, por lo que la decisión (no escrita) de renovar los vehículos se habría tomado con anterioridad al plan.

Los vehículos a renovar sufren "un deterioro notable que precisa su sustitución de manera inmediata", justifican desde el Parlamento. Estos coches tendrían una antigüedad superior a los ocho años y habrían recorrido más de 400.000 kilómetros. "Ningún gobierno autonómico tiene coches de más de ocho años", apostillan. La operación incluye la venta de seis vehículos, de los que se no se facilitó el importe a recaudar. El presidente del Parlamento y los otros siete miembros de la Mesa tienen asignado coche oficial.

Las mismas fuentes anotan que, según el Letrado Mayor del Parlamento andaluz, José Antonio Víboras, a principios de la legislatura había una partida de 180.000 euros para la renovación de vehículos "que no se ha tocado", porque esos 60.000 euros que ahora se gastarán procederían del ahorro obtenido en otras partidas del plan.

El compromiso es que los vehículos a adquirir sean de gama media, en torno a los 20.000 euros cada uno.

Según el catálogo de bienes y servicios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta, el catálogo de vehículos de gama media recoge entre otros el Peugeot 407, el Renault Laguna, el Citroën C4 Sedan, el Citroën C5, el Toyota Corolla Sedán, el Toyota Prius, el Toyota Avensis, el Volvo S-40 o el Opel Insignia.

En la Junta sí han decidido este verano que muchos de los altos cargos tengan que coger el coche particular para sus desplazamientos, lo que no sucede con los portavoces y otros miembros del Parlamento que "tienen una función pública y necesitan de esta herramienta de trabajo. El gasto está perfectamente justificado", afirman las mismas fuentes.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunció que reducirá los coches oficiales de 200 actuales a 30 o 40 , con lo que conseguirá un ahorro de tres millones de euros. El uso de coches oficiales se limitará a los consejeros, viceconsejeros y delegados del Gobierno.

En mayo ya se anunció que la flota de vehículos de altos cargos se reducía en un 50%. En junio de 2011, según publicó este periódico, la Junta de Andalucía eliminó los turismos de alta gama del catálogo y se quedó con los de gama media-alta cuando haya que renovarlos. Desaparecerían así los Audi y BMW, valorados entre 60.000 y 80.000 euros. En la gama media alta abundan los modelos de SAAB y Renault, además de otros Ford, Toyota, Opel, Citroën, Peugeot o el BMW Serie3.

El Parlamento andaluz aprobó un recorte de 1,31 millones de euros en su presupuesto para el presente ejercicio (de 41,6 millones) con el objetivo de adaptarlo al decreto ley de reequilibrio financiero de la Junta. Incluye una reducción del 10% en el salario del presidente, un 6% en el sueldo del resto de diputados y un 5% de media en las retribuciones de los empleados.